Bruselas exige a Portugal que anule la 'acción de oro'

La Comisión Europea abrió ayer un expediente disciplinario contra Portugal por no acatar la sentencia del Tribunal de Justicia comunitario que declaró ilegal su acción de oro. El procedimiento puede desembocar de nuevo en la instancia suprema de la UE y en este caso el incumplimiento de una segunda sentencia condenatoria podría acarrear una multa millonaria por cada día que transcurra sin que Lisboa respete el veredicto judicial.

Bruselas inicia así la ofensiva contra los obstáculos a la libre circulación de capitales respaldada por las sentencias de esta misma semana en las que se han condenado también los regímenes de intervención del Reino Unido y España. Estos dos países deben modificar o renunciar al derecho de veto que mantienen, respectivamente, sobre la estrategia empresarial de British Airports Authority, una compañía privatizada que posee algunos aeropuertos internacionales en el Reino Unido, y de Telefónica, Endesa y Repsol, en España.

El 4 de junio de 2002, el tribunal anuló la ley portuguesa de 1990 y los subsiguientes decretos adoptados entre 1993 y 1994 por los que las autoridades limitaban y sometían a autorización previa la participación de capital extranjero en empresas privatizadas. La norma se interpretó como una medida proteccionista para evitar que el capital español controlase las empresas portuguesas. Lisboa no ha adoptado aún, según Bruselas, las medidas necesarias para cumplir la sentencia. Francia, tras una sentencia dictada a la vez que la portuguesa, se apresuró a renunciar al control de la petrolera Elf (hoy parte de Total).