Los sindicatos vuelven a paralizar el transporte y llaman a nuevas protestas
Nadie se esperaba ayer en París encontrarse sin medio de transporte para ir a trabajar, dos días después de la jornada de huelga y de movilización que sacudió toda Francia y reunió a más de un millón de personas en las calles.
Sin previo aviso (en Francia se necesita una semana en el caso del transporte público) y ante la cólera de muchos parisienses, los servicios de autobús, de metro e incluso una parte de los trenes de cercanías siguieron sin funcionar durante todo el día del miércoles y del jueves, creando atascos de hasta 260 kilómetros para acceder a la capital y fuertes perturbaciones en el centro de la ciudad.
Mientras el ministro de Transportes, Gilles de Robien, declaraba 'ilegal' esta jornada de paro en el transporte público -sector no incluido en la reforma-, una parte de los sindicatos aprobaba en su asamblea general la continuación de la huelga hasta el viernes por la mañana.
Su lógica para la acción se basa en las futuras acciones que tomará el Gobierno de Jean-Pierre Raffarin una vez abordado el futuro de las pensiones del funcionariado y del sector privado.
Sin mucha sorpresa, el presidente del Movimiento por Francia (MPF) anunció su intención de proponer el miércoles próximo un proyecto de ley que permita a los usuarios del transporte público hacer uso de los servicios mínimos, inexistentes hoy en Francia y cuya ausencia puede paralizar un país entero, reflejo 'que se produce cada vez que hay una huelga, pero que hasta ahora no ha conducido a nada', según indicaron fuentes de la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (CFTC). El presidente de la principal patronal (Medef), Ernest-Antoine Seillière, fue más lejos asegurando que 'el futuro económico de nuestro país depende de un comportamiento cívico de los funcionarios'.
Pocos puntos a negociar
En mitad del caos urbano, la totalidad de fuerzas sindicales coincidía en la 'decepción' de las propuestas avanzadas por el ministro responsable de la reforma. Esto provocó la llamada sindical a realizar nuevas movilizaciones el lunes próximo y a una nueva huelga nacional el 25 de mayo.
Aun así, François Fillon ofreció 14 puntos abiertos a la negociación, entre los que no figuran la arquitectura básica del proyecto (aumento del periodo de cotización para el sector público de 37,5 a 40 años a partir de 2008, y a 42 años para ambos sectores a partir de 2020), ni la financiación elegida para sufragar el coste de la reforma, que se elevará a 15.000 millones de euros y que el Gobierno espera recaudar con el incremento del empleo.
Fillon sí aceptó, sin embargo, aumentar al 85% a partir de 2008, las pensiones de los trabajadores cuyo sueldo no haya superado la barrera del salario mínimo interprofesional a lo lago de toda su carrera, en vez del 75% defendido hasta ahora. El Gobierno aumentó además de 15 a 16 años la edad de inicio de una 'larga carrera' para poder beneficiarse de una pensión completa antes de los 60 años.
Ante el bloqueo de las negociaciones, el Gobierno de Raffarin reconoció tener un 'estrecho' margen.
La solución de un referéndum daría la oportunidad a los sindicatos de bloquear la profunda reforma del Estado que se pretende llevar a cabo para salir de la crítica situación económica, si bien la fuerza que ha mostrado la calle hace no excluir esta posibilidad. Dar marcha atrás dejaría al Ejecutivo en entredicho.