La CE y el FMI piden unificar las normas y libertad para abrir
En respuesta al mandato de la Cumbre Europea de Lisboa, en marzo de 2000, la Comisión Europea ha presentado, al Consejo y al Parlamento de la UE, un informe sobre el estado del mercado interior de los servicios, en el que denuncia las restricciones en el comercio minorista de los Estados miembros y la inflación de normas regionales, que califica como un 'obstáculo creciente' para articular la armonización del comercio en el territorio de la UE.
El informe, que servirá de base para preparar una propuesta de directiva, alude expresamente a lo que denomina 'regionalización de las fronteras', afirmando que se ha detectado que las fronteras tradicionales, jurídicas y técnicas que habían sido suprimidas 'han renacido como normas o prácticas regionales', circunstancia que atribuye, entre otras causas, a 'la inflación normativa producida por los procesos de descentralización'.
La disparidad de normas sobre prácticas y horarios comerciales es otro de los obstáculos denunciados por el Departamento del comisario Frits Bolkestein, que critica también la falta de información sobre los regímenes de autorización de establecimientos, especialmente en materia de urbanismo. Destaca entre estos últimos los límites cuantitativos como 'la imposición de superficies máximas, los límites territoriales o el 'cúmulo de autorizaciones administrativas'.
'Las víctimas de las restricciones al comercio son, esencialmente, los consumidores y las pymes'
En opinión de la CE, estas medidas suponen 'limitar el número de prestadores de servicios y favorecer a operadores nacionales', prácticas que considera perjudiciales para el empleo local en el sector de la distribución'.
Para argumentar esta última consideración, el informe recuerda los efectos negativos de la licencia comercial para el empleo en Francia y la mejora de la participación del comercio minorista británico en el PIB después de las reformas liberalizadoras de 1994'.
Finalmente, la Comisión se refiere también a la discrecionalidad y la inseguridad jurídica como obstáculos al establecimiento transfronterizo de los servicios de distribución, apartado en el que incluye la concesión de autorizaciones con base en 'criterios socioeconómicos tales como las necesidades con respecto a los comercios existentes'. Una exigencia que aparece en las normativas comerciales de diferentes comunidades españolas.
En línea con la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) instaba también al Gobierno español, en su informe sobre la economía española en 2002, a adoptar las medidas oportunas para 'eliminar los obstáculos que impiden hacer más efectivo el comercio minorista y para la liberalización de los horarios y aperturas del comercio'.
Una vez denunciados los obstáculos, tanto la Comisión como el FMI, sostienen con rotundidad que 'las víctimas' de todas estas restricciones 'son, esencialmente, las pequeñas y medianas empresas y los consumidores'.
En este punto, ambos organismos recuerdan que el aumento de los costes derivado de las restricciones a la competencia se traduce, posteriormente, en subidas de los precios al consumo.