Normativa

La UE aprueba el control de las tarjetas prepago para móviles para prevenir su uso ilícito

El Consejo de ministros de Justicia e Interior de la UE ha aprobado hoy una iniciativa española para controlar el uso ilícito que las organizaciones criminales hacen de los teléfonos móviles que funcionan con tarjeta prepago, sistema que no permite identificar al usuario. El titular del Ministerio del Interior, Angel Acebes, ha explicado hoy que se trata de una medida muy importante ya que si se identifica al usuario se podrán autorizar intervenciones judiciales hasta ahora imposibles.

En este sentido, los titulares de Interior han aprobado un texto en el que se recomienda a los Estados miembros que estudien los requisitos para la identificación de usuarios de tarjetas de prepago. Esta decisión de hoy permitirá a los Estados establecer un registro de tarjetas de prepago para móviles, algo que actualmente no existe, y que se hará con ¢el máximo respeto a los derechos individuales¢. Acebes ha indicado que de esta forma, cuando un juez decrete la intervención de un teléfono podrá hacerse, aunque primero tendrá que existir una base de datos para acabar con el actual anonimato de los usuarios de estas tarjetas.

Sin embargo, ha precisado que sólo se accederá a los datos de aquellos supuestos en los que haya autorización judicial para intervenir. Ha añadido que este nuevo sistema ocasionará unos gastos adicionales y una necesidad de reformas técnicas para las operadoras, que ¢esperamos sean lo menor posibles¢.

Lucha contra la delincuencia

El texto aprobado señala que ¢el derecho a que se respete el carácter confidencial de las telecomunicaciones sólo podrá limitarse cuando sea necesario para la protección de intereses nacionales, de la seguridad nacional o para la investigación de delitos graves¢.

El objetivo de esta iniciativa es ¢establecer un cerco más intenso en la lucha contra de delincuencia organizada y el uso que hacen estas organizaciones de las innovaciones tecnológicas¢. Acebes ha considerado que con esta decisión se acaba con una laguna muy importante que suponía un gran obstáculo a la investigación sobre redes criminales o terroristas por parte de las fuerzas de seguridad de los Estados miembros.