El Gobierno certificará la firma digital para empresas antes de fin de año
Aunque algunos expertos jurídicos ya han adelantado la posibilidad de que la iniciativa suscite problemas de competencia en el mercado, el Gobierno prevé comenzar a prestar servicios de certificación de firma electrónica a las empresas privadas antes de fin de año.
Así, y según explicó el subsecretario de Economía, Miguel Crespo Rodríguez, durante las II Jornadas Ceres celebradas ayer, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre comenzará a lo largo de este año a expedir certificados de firma y a realizar servicios complementarios como, por ejemplo, la actuación como tercero de confianza en las transacciones. 'Nuestro objetivo es extender nuestros servicios al sector privado, de forma que la misma firma digital sirva a las empresas tanto para operar en el mercado como para relacionarse con la Administración', señaló.
En ese sentido, el director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, Leopoldo González Echenique, explicó que el uso de la firma electrónica por parte de las empresas en el ámbito tributario 'ha resultado tremendamente útil y no ha dado ningún problema'.
Para González Echenique, la expedición de los certificados de la Fábrica de Moneda y Timbre no tiene por qué convertirse en un servicio exclusivo, y espera que 'el hecho de asumir un papel primordial en este ámbito atraiga a otros prestadores al mercado, ya sea para certificar la firma o para realizar servicios anexos'.
Novedades
El anteproyecto de Ley de Firma Electrónica, que habilitará todas estas actuaciones de la Administración, será enviado en breve al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.
Además de sus dos grandes novedades, la firma electrónica para personas jurídicas y el DNI electrónico, el texto final del anteproyecto presenta algunas variaciones frente a anteriores borradores. Así, según el director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, el texto ahonda en la regulación de los certificados de atributos, es decir, aquellos que incluyen limitaciones y circunstancias en la firma relacionadas con su titular (por ejemplo, la posibilidad de que un ejecutivo sólo pueda usar la rúbrica en nombre de su empresa para un determinado tipo o cantidad de negocio).
Otro de los aspectos del anteproyecto es la eliminación del registro de las empresas certificadoras, que se verá sustituido por una página web del Ministerio de Ciencia y Tecnología en la que los ciudadanos podrán informarse sobre las circunstancias y antecedentes de cada una de estas entidades.
El uso del dispositivo no ha causado litigios
'La gente continúa con la idea errónea de que no existe un entorno seguro para realizar negocios por Internet, y lo cierto es que hasta el momento el uso de la firma electrónica ha mantenido un nivel cero de litigiosidad'. Así de contundente se mostraba ayer el director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, Leopoldo González Echenique, tras afirmar que de las 1.150.000 declaraciones de IRPF realizadas el año pasado a través de Internet por ciudadanos y empresas 'no se ha producido ni una sola reclamación ante los tribunales por cuestiones de seguridad'.Así, según González Echenique, tampoco en el entorno de la Seguridad Social y en el de las entidades financieras se ha producido ningún brote de litigiosidad respecto a este tema. También aseguró que la falta de confianza en las nuevas tecnologías de ciudadanos y empresas en España se debe tanto a la falta de interés como al temor por la seguridad.