La Ley de Cohesión no consigue el respaldo unánime del Senado
La ministra de Sanidad, Ana Pastor, no logró ayer apuntarse el tanto político que anhelaba: el apoyo unánime de los grupos a la Ley de Cohesión.
La oposición quiso reflejar su malestar por la forma con que la ministra ha negociado su plan de farmacia, que recoge la enmienda 161, votando esta cuestión por separado y no dando su apoyo a la iniciativa. El resto del articulado, que se enviará de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva, sí tuvo el respaldo de los grupos, incluido Coalición Canaria, que inicialmente votó en contra.
En cualquier caso, el Gobierno ha logrado el apoyo de la oposición sin ceder en el elemento clave de la ley, la financiación de las prestaciones sanitarias. El artículo 10 de la norma salió del Congreso de los Diputados señalando que 'las prestaciones son responsabilidad financiera de las comunidades autónomas' y vuelve a él sin que la oposición haya logrado involucrar al Estado en su financiación.
Sólo Canarias ha conseguido arrancar al PP una disposición adicional que expresa de manera genérica -'vaporosa', en palabras del senador Victoriano Ríos Pérez- el reconocimiento de su 'peculiar régimen económico y fiscal'. Coalición Canaria demanda a Cristóbal Montoro 48 millones de euros más en 2003, debido a un mayor aumento de la población (10% frente al 3% de la media nacional) y a una menor capacidad recaudatoria.
La Ley de Cohesión garantiza a los ciudadanos una segunda opinión facultativa, tiempos de espera máximos y el derecho a ser atendidos en cualquier lugar en caso de desplazamiento.
Los profesionales tienen garantizada la movilidad en todos los servicios de salud y las Administraciones deberán mantener comunicación recíproca mediante un sistema de información conectado y a través de la tarjeta sanitaria unificada.
Por último, el nuevo catálogo de prestaciones incluirá la atención sociosanitaria, la salud bucodental, la salud mental y la atención paliativa a enfermos terminales.