La abogacía debate el futuro acceso a la actividad
El Colegio de Abogados de Baleares es el anfitrión de las XXII Jornadas de Escuelas de Prácticas Jurídicas que, desde ayer y hasta el sábado, abordan en Palma de Mallorca el futuro de esta profesión y, en especial, el borrador del anteproyecto de ley que tramita el Gobierno para regular el acceso a esta actividad.
Según explicó ayer el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, con esta nueva normativa se pretende acabar con una situación que convierte a España en el 'único país del mundo occidental' que no tiene regulado el acceso al ejercicio de dicha profesión.
Una situación que supone 'una doble injusticia', ya que perjudica a los profesionales que sí han cursado una formación específica, a través de la pasantía o de las escuelas de práctica jurídica, y de una forma 'más grave' a los ciudadanos que dependen de los letrados para la defensa de sus derechos y libertades ante los tribunales de justicia.
Carnicer expuso que existen unas estimaciones aproximativas que sitúan alrededor del 25% el número de letrados que se dedica a la abogacía con la única formación que le proporciona su licenciatura universitaria, del total de 140.000 profesionales que ejercen en todo el territorio español.
La futura ley obligará a los licenciados en Derecho a acceder a la actividad profesional a través de una escuela de prácticas jurídicas, o bien por una prueba de acceso que evalúe sus conocimientos y para cuya preparación se dispondrá de libertad de formación.
Aprobación
También está previsto que esta futura ley entre en vigor cinco años después de su aprobación, para que no se vean afectados los estudiantes de Derecho que en el momento de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de esta norma se encuentren cursando sus estudios en la facultad.
Por otra parte, Carnicer se declaró 'muy orgulloso de cómo han respondido todos los colegios de abogados' a la puesta en práctica por parte del Ministerio de Justicia de la nueva ley de juicios rápidos.
Para el presidente del Consejo General de la Abogacía Española el inicio de la aplicación de esta nueva ley, cuyo objetivo es acelerar la tramitación de los juicios sobre determinados delitos y faltas, ha puesto de manifiesto algunos problemas que deben solucionarse para que esta experiencia 'no fracase' y no redunde en un menoscabo del funcionamiento de la justicia y del derecho a la defensa de todos los ciudadanos.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española aseguró durante su intervención que la misma 'no debe servir para quitarse de encima asuntos que afecten a los derechos fundamentales de las personas', y prometió que los abogados españoles velarán para que no se 'menoscaben' estas garantías 'ni en los imputados, ni en las víctimas de los delitos'.