El Fiscal Jefe de Madrid estudia una acción judicial contra Michavila por sus acusaciones
El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bemejo, ha manifestado hoy la posibilidad de llevar a los tribunales al ministro de Justicia, José María Michavila, por acusarle ayer de hacer todo lo posible para que fracase el sistema de juicios rápidos. "Creo que, evidentemente, ha cometido un gravísimo error, aparte de que creo que lo ha hecho con mala intención, y eso tiene un precio", opinó Fernández Bermejo.
Ayer, el ministro lo acusó de haberse declarado en una situación de "rebeldía" y de boicotear el nuevo sistema, que en su primer día no funcionó en Madrid. Esta mañana, sin más tardar, la Unión Progresista de Fiscales emitía un comunicado rechazando "el fondo, forma, tono y estilo" empleados por el titular de Justicia. En relación con los fallos técnicos que ayer se produjeron, estimó que se "trata de confundir a la opinión pública" sobre las causas de "este primer descalabro" de la Ley, "pretendiendo, de paso, endosar las responsabilidades del mismo a quienes en su momento lo advertimos".
También el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, ha preguntado hoy abiertamente a Michavila, si cree que el "fracaso" de la puesta en marcha de los juicios rápidos en esta comunidad se debe a "la conspiración socialcomunista que ven por todas partes" los dirigentes del PP. Simancas reiteró que esos juicios no se han podido poner en marcha "por algo que todo el mundo sabía, esto es la crónica de un desastre anunciado, lo sabían los jueces, los fiscales, los funcionarios de justicia, todos los madrileños excepto el ministro de Justicia y el presidente regional". Para Izquierda Unida, el incidente se enmarca en lo que considera una "escalada de
represión" del Gobierno contra todo aquel que "disiente" de sus decisiones.
Desde el Partido Popular, el ministro del Interior, Ángel Acebes, ha indicado que quien no colabore en la aplicación de los juicios rápidos, que ayer entraron en vigor, comete un "profundo error" y presta "un mal servicio al conjunto de los ciudadanos". Añadió que era necesario implantar un proceso judicial ágil y rápido para enjuiciar "la delincuencia que más sensación objetiva de inseguridad genera en España" y evitar que un delincuente "entre por una puerta y salga por otra" o llegue a ser detenido cien veces sin que en ninguna de ellas sea juzgado.