Elecciones

El PSOE propone derogar las normas nacionales que obligan a la estabilidad presupuestaria

En respuesta a la política del Partido Popular de imponer el control y cumplimiento del déficit cero, el programa autonómico del PSOE para las próximas elecciones propone derogar las normas nacionales que obliguen a la estabilidad presupuestaria, y sustituirlas por "el respeto a las reglas comunitarias y por acuerdos en el seno de los órganos de colaboración financiera entre las haciendas territoriales y central".

Según el programa que los socialistas presentan de cara a las elecciones autonómicas y municipales , la estabilidad presupuestaria "y en consecuencia, el déficit cero debe ser una política concreta, una opción posible, una decisión, pero no una imposición dogmática de un gobierno sobre todos los demás, sobre todo cuando este mismo gobierno central usa los fondos de la Seguridad Social para enmascarar el incumplimiento de esa regla que exige taxativamente a los demás".

El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE y vicecoordinador general de la campaña electoral socialista, Álvaro Cuesta, ha considerado que la Ley de Estabilidad Presupuestaria "está desfasada", y ha afirmado que el Gobierno "está infringiendo la misma, porque si cuantificamos sus propuestas ya ha rebasado en mucho el límite que impone esta norma". Asimismo, ha manifestado que "en los tiempos que vivimos y con las necesidades que existen, aplicar una ley que invade competencias autonómicas y de los ayuntamientos es desconocer el estado de las autonomías".

Por su parte, el secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, ha recordado que el PSOE se opuso a la Ley de Estabilidad Presupuestaria "por razones de fondo, que tienen que ver con la restricción de políticas sociales que el Gobierno ha aplicado con el pretexto de la estabilidad presupuestaria,y por razones constitucionales, porque invadía competencias autonómicas y municipales". Así, ha indicado que 1.500 ayuntamientos españoles y las CCAA gobernadas por el PSOE recurrieron la Ley de Estabilidad Presupuestaria ante el Tribunal Constitucional, sentencia que está pendiente.