La ley Audiovisual abre la puerta a la gestión privada de la televisión pública

La norma que ha elaborado el equipo de Piqué pretende llevar a cabo una amplia reordenación del sector audiovisual español. Entre los aspectos que regula, están la limitación a la publicidad en la televisión pública, la reordenación de las frecuencias y la imposibilidad de que un mismo grupo posea acciones de varias cadenas de televisión.

Otro de los aspectos relevantes de la nueva norma se encuentra en la disposición adicional primera, que establece que el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales podrán atribuir a entidades de derecho privado la gestión indirecta de los servicios públicos de radio y televisión.

Ciencia y Tecnología asegura que esta modificación va dirigida principalmente a la privatización de la gestión de las televisiones locales y autonómicas. Sin embargo, la literalidad del texto abre la puerta también a que los dos canales de TVE y Radio Nacional puedan pasar a estar gestionados por empresas privadas. La concesión del servicio, según prevé el proyecto, 'se otorgará a través de un concurso, convocado en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias'.

A través de la misma norma quedan derogadas numerosas disposiciones, entre ellas varios artículos de la ley 4/1980 del Estatuto de la Radio y la Televisión, que regula actualmente la radio y televisión públicas.

Concretamente, queda eliminado el artículo quinto, que estable la creación y funcionamiento del Ente Público RTVE. En su lugar, la nueva ley propone la creación de un Consejo de los Medios Audiovisuales, formado por profesionales del sector audiovisual, de la cultura y de la universidad 'que representen el pluralismo existente en la sociedad'.

El ministro de Ciencia y Tecnología será el encargado de escoger a los representantes que integrarán el organismo, 'previa comparecencia del ministro ante la Comisión competente del Congreso de los Diputados para informar sobre las personas a quienes pretende proponer'.

Con esta medida, previamente acordada con el PSOE, se pretende acabar con los enfrentamientos entre los diferentes partidos políticos por el uso de la radio y la televisión pública que se suceden regularmente y se acentúan en época electoral.

La norma también deroga la ley de terceros canales, la que actualmente regula el funcionamiento y propiedad de los canales de televisión autonómicos. Queda abierta así la puerta para una más que probable privatización de cadenas como Telemadrid, opción que el actual presidente regional, Alberto Ruiz Gallardón, viene defendiendo desde hace tiempo.

Servicio público

Sin embargo, aunque la gestión de las televisiones y radios propiedad del Estado se privatice, éstas seguirán teniendo régimen de servicio público. Las entidades que ganaran el hipotético concurso quedarán sujetas al cumplimiento de la función de servicio público, que supone obligaciones de emisión de contenidos. La supervisión del cumplimiento de todas estas directrices, que ahora está en manos del Ente Público, quedará a cargo del Consejo de los Medios Audiovisuales.

La norma, que según fuentes de Ciencia y Tecnología, Piqué pretende aprobar antes de que finalice la presente legislatura, ha sido redactada con el consenso del principal grupo de la oposición.

El ministro se ha reunido en las últimas semanas varias veces con los responsables de Tecnología del PSOE, liderados por Alfredo Pérez Rubalcaba, para llegar a un acuerdo en todo lo referente a la televisión y radio públicas.

Tanto Piqué como Rubalcaba tuvieron presente desde el principio la imposibilidad de cambiar el carácter público de estas cadenas. Y también hubo acuerdo en encontrar una solución para la desastrosa situación económica de RTVE, cuya deuda asciende a más de 6.000 millones.

'Había que sentarse y solucionar esta patata caliente. Es beneficioso para todos, gobierne quien gobierne', explican fuentes del partido socialista. La opción por la gestión privada ha sido, finalmente, la solución por la que ha optado Piqué y con la que el PSOE está de acuerdo.

Por otro lado, ayer la televisión autonómica valenciana CANAL 9 anunció la ampliación hasta el próximo 5 de mayo el plazo para la presentación de ofertas en el concurso de privatización cuyo plazo concluía hoy.

La financiación, punto de desencuentro entre Piqué y Montoro

El ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, declaró ayer que la definición del modelo de televisión pública en el anteproyecto de Ley Audiovisual podría quedar aplazada hasta el propio trámite parlamentario.Este aspecto, que afectaría a la financiación de RTVE, representa el principal escollo del anteproyecto para su aprobación por el Gobierno, ante las diferencias existentes al respecto entre los Ministerios de Ciencia y de Hacienda.Ayer, en declaraciones a Antena 3, Piqué reconoció que 'todos', en referencia a él mismo y al sector de la televisión privada, nos felicitaríamos de un aumento de subvenciones públicas a RTVE a cambio de reducir su financiación a través de publicidad 'menos el ministro de Hacienda, que tiene', subrayó Piqué, 'sus obligaciones respecto al mantenimiento de la estabilidad presupuestaria y el déficit cero'.En este sentido, defendió la necesidad de hacer compatibles los intereses de todos. Respecto a la definición del modelo de televisión pública, Piqué afirmó que se afrontará también, pero 'tampoco es imprescindible que eso se produzca en el momento de presentar la ley. Después viene el debate parlamentario, que dura meses, y que puede permitir hacer lo que se considere conveniente'.Piqué trata así de desbloquear la presentación del anteproyecto de ley al Consejo de Ministros en breve para que se envíe a trámite al Consejo de Estado y de ahí al Parlamento con plazo suficiente para que entre en vigor esta legislatura. 'O lo presentamos ya o no habrá tiempo esta legislatura', afirmó.La intención de Ciencia y Tecnología es llevar el proyecto de ley al Consejo de Ministros la semana que viene o el próximo 9 de mayo. Piqué resaltó la necesidad de un cuerpo legal único para un sector audiovisual que padece un 'panorama cautivo', con once normas que lo regulan actualmente.