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Columna
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Un debate inexistente

El informe de la OCDE hecho público hace unas semanas ha tenido un notable eco al proponer, en paralelo con estudios similares producidos por otras instituciones internacionales, una significativa reducción en las expectativas de crecimiento de la economía española durante el presente ejercicio.

Como comenté en su momento, el informe de la OCDE (www.oecd.org) se extiende en interesantes consideraciones acerca de la viabilidad del actual diseño del sistema público de pensiones, la gestión del medio ambiente y una variedad de posibles actuaciones en política microeconómica. El estudio cuestiona el mantenimiento de incentivos fiscales a la compra de vivienda, dado el desarrollo de nuestra economía y los bajos tipos de interés reales. Anima asimismo al desarrollo de políticas rigurosas de gestión del suelo, coordinando la actuación de los distintos niveles de Administraciones públicas. Se señalan las prácticas monopolísticas en algunos sectores, principalmente de distribución de bienes y de producción de energía, y se enfatiza la necesidad de eliminar los obstáculos al desarrollo de actividades con un mayor valor añadido, promover la mejora del capital humano, reducir el desfase de innovación de nuestra economía y acelerar la difusión de nuevas tecnologías.

El informe critica aspectos del mercado de trabajo español, como el abuso de la contratación temporal y los procesos de negociación salarial y, dentro de la preocupación por elevar la productividad, el estudio señala deficiencias de nuestro sistema educativo. Apunta la preocupación por la tasa relativamente alta de fracasos en la educación secundaria, que sugiere la necesidad de introducir reformas en aras de una mayor calidad del sistema, dedicando una mayor atención al desarrollo de la carrera profesional de los docentes y mejorando sus condiciones laborales y salariales, muy deterioradas en los últimos años.

En el ámbito de la educación superior, el informe puntualiza la injusticia que puede representar su subvención a todos los alumnos, quienes pagan con su matrícula una reducida proporción del coste real de la enseñanza. Sugiere elevar las matrículas de la educación superior, desarrollando un amplio sistema de becas que garantice el acceso al sistema educativo superior de todo estudiante cualificado.

La recomendación está justificada: el tramo educativo superior tiene una evidente incidencia sobre las expectativas salariales, pudiendo rentabilizarse en el mercado de trabajo, y debiendo considerarse como una inversión en capital humano. La subvención proporcionada por una beca debería devolverse a las arcas públicas si el receptor de la misma obtiene, en un plazo razonable tras la finalización de sus estudios, un puesto de trabajo en buenas condiciones económicas.

Este análisis relativo a los costes de la educación superior es significativo, pues es fácil caer en afirmaciones demagógicas, defendiendo a ultranza la gratuidad de determinados servicios, ya sean educativos o sanitarios. Pero un acceso gratuito y universal no sólo resulta enormemente costoso para el presupuesto público sino que, contra el argumento de quienes lo proponen, puede resultar bastante injusto. Es razonable defender una concepción del Estado que garantiza que todos los ciudadanos accedan a los servicios públicos sin sufrir restricciones de calidad por razón de renta, mientras que, quien tiene recursos, paga la totalidad del coste del servicio público que recibe. Un importante debate que nuestros representantes políticos deberían efectuar sin dejarse arrastrar por mensajes electoralistas.

Curiosamente, el aspecto más difundido del informe de la OCDE, la reducción en la previsión del crecimiento, no es el más significativo pues, por su naturaleza, este tipo de estudios aparece con mucha menos frecuencia que los análisis de coyuntura de múltiples instituciones que no entran en debate acerca de los aspectos más estructurales de la economía. Cualquier consenso de analistas ya apuntaba a un crecimiento en línea con los ahora propuestos por la OCDE, FMI o CE. Más interesante parecen las diversas referencias mencionadas, que recorren los distintos sectores productivos, el funcionamiento del mercado de trabajo, la viabilidad del sistema público de pensiones, los mecanismos de fijación de precios y algo tan trascendente como el sistema educativo y que, marginalmente, hacen referencia incluso a la concepción del Estado.

Por la relevancia de la institución, y por la importancia de los temas apuntados, sería importante que nuestro Gobierno se pronunciara acerca de estas consideraciones pues, como comenté en mi último artículo en lo relativo a las referencias a la gestión del medio ambiente, apuntan más a una ausencia de política definida que a deficiencias en actuaciones ya existentes.

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