Trabajo quiere delegar en las regiones la financiación del cuidado a los mayores
El 16,3% de la población española tiene más de 65 años (6,5 millones de personas). De este colectivo, un 34% tiene problemas de dependencia, no pueden valerse por sí mismos en tareas diarias como comer, vestirse o desplazarse.
Esta situación de dependencia se agrava con los años y afecta a la mitad de las personas que superan los 80 años, según los datos que maneja del instituto Edad & Vida.
¿Quién atiende a estas personas a diario? En el 80% de los casos la respuesta es que sólo reciben la ayuda de familiares, en su gran mayoría mujeres que se ocupan de sus padres o de sus suegros.
Esto es aún posible, porque hoy en día sólo el 40% de las mujeres entre 40 y 65 años trabajan fuera de casa, pero en el año 2025 se espera que el número de mujeres de dichas edades incorporadas al mercado laboral sea del 72%. Además, por esa fecha, los mayores de 65 años serán más del 20% de la población. Esto hace inviable la permanencia del actual sistema de atención a las personas dependientes.
La evidencia de que la fórmula de atención a este colectivo debe mejorar es que ya es insuficiente la red de cuidados para los más mayores. El número de residencias para la tercera edad en España supera ligeramente las 3.000 y ofertan algo menos de 200.000 plazas. Esto supone que hay 2,7 plazas en residencias para ancianos por cada 100 habitantes, lejos de las cinco plazas que recomendaba el Plan Gerontológico Nacional ya en 1993. Además, el 75% de las plazas disponibles son de carácter privado, aunque el 20% de estas sean concertadas (con ayudas públicas).
Pese a la magnitud de este colectivo y la escasa oferta pública, los Presupuestos Generales del Estado destinan algo más de 3.000 millones de euros anuales al cuidado de personas dependientes. Según los cálculos de Edad & Vida que ha hecho una proyección de los datos oficiales, durante los próximos 30 años, los recursos económicos que el sector público destina al cuidado de larga duración de personas dependientes deberían crecer entre un 8% y un 10%, siempre contando con que permanecerá en mayor o menor grado la ayuda de las familias.
El aumento del gasto público a este ritmo es bastante poco probable, por lo que es prácticamente imposible que las necesidades futuras de la sociedad puedan satisfacerse sin recurrir a nuevas fórmulas de financiación.
Compromiso de legislatura
De esto es consciente el Gobierno, los agentes sociales y, en general, los partidos políticos. Por ello, entre los compromisos del Ministerio de Trabajo para esta legislatura está el de sacar adelante una ley que regule el diseño y la financiación de un nuevo modelo de atención a la dependencia.
Desde hace un año y medio se viene hablando más en serio de elaborar esta ley y todas las partes implicadas coinciden en que la financiación del nuevo sistema debe ser mixta: a repartir entre las Administraciones públicas (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos) y el sector privado (residencias, empresas de ayuda a domicilio, etcétera).
Sin embargo, fuentes del sector de empresas que se dedican a la atención a los mayores, y que han tenido contacto en los últimos tiempos con responsables del Ministerio de Trabajo, aseguraron a este periódico que este departamento tiene la intención de elaborar una ley de bases que no aborde en concreto el diseño de la financiación del nuevo sistema. Esto sería en la práctica una ley vacía de contenido, según fuentes del sector.
La intención de Trabajo es, por tanto, que la ley delegue esta responsabilidad a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, ya que los entes autonómicos cuentan con las competencias de servicios sociales y sanidad.
El sector teme que la ley de bases peque de ser excesivamente genérica, por lo que de no recoger qué debe financiar cada parte implicada, se deje fuera a la financiación privada. En opinión de estas mismas fuentes, además del modelo de financiación, la norma que se elabore debería definir, lo primero de todo, lo que es la dependencia como un concepto independiente de la atención exclusivamente sanitaria o exclusivamente social.
Tendrá que incluir también qué organismo oficial acreditará el grado de dependencia (de esto dependerá el nivel de la prestación a la que se tenga derecho con dinero público o de forma subvencionada) y definir el catálogo de prestaciones y los requisitos exigibles a los centros y profesionales especializados.
En cualquier caso, es bastante difícil -y así lo creen también todas las partes implicadas- que el Gobierno pueda sacar adelante esta ley básica de dependencia, debido al poco tiempo que le queda hábil para aprobar leyes en el Parlamento. Fuentes de Trabajo aseguran que su intención es aprobar la norma, aunque también dudan de que les vaya a dar tiempo. De momento existe un grupo de trabajo en el seno del acuerdo de pensiones, que aún no ha registrado avances, y algunas directrices en el informe del Pacto de Toledo, que apuestan por una financiación mixta.
Sólo Sanitas se ha atrevido a lanzar un 'seguro de dependencia'
'Bastante difícil es ya vender los planes de pensiones, cuando la jubilación es algo que te va a ocurrir, como para vender un seguro sobre la eventualidad de no poder valerse por sí mismo', dice un directivo de una aseguradora.Las compañías aseguradoras no se han atrevido hasta ahora a diseñar un producto exclusivo para atender situaciones de dependencia.La ausencia de una regulación legal de esta atención y, en consecuencia, la inexistencia de incentivos fiscales similares a los que tienen los planes y fondos de pensiones han frenado al sector, que ve imposible el éxito de un seguro de estas características.Sin embargo, la sociedad médica Sanitas sí se ha lanzando a crear un seguro de asistencia social que cubre el estado de dependencia cuando ésta se produce.Fuentes de esta sociedad explicaron que se trata de un seguro lanzado al mercado hace un año y medio, diseñado acorde con los requisitos exigidos por la Dirección General de Seguros (DGS).Este seguro lo pueden suscribir aquellos que tengan entre 40 y 75 años, y la prima se paga en función de la edad. En el momento en el que se produce la dependencia el asegurado deja de pagar.Sanitas y la DGS definieron cinco actividades que se realizan diariamente (vestirse, alimentarse, asearse, desplazarse y continencia) y acordaron que la situación de dependencia se daría cuando la persona no pudiera realizar por sí misma más de una de estas acciones.Fuentes de Sanitas reconocieron la dificultad que tiene vender este producto por la falta de regulación y de incentivos fiscales de este sector.En materia fiscal, otra de las reivindicaciones al Gobierno llega del sector de las residencias de ancianos, que reclama el IVA superreducido (del 7% al 4%), lo que según calculan repercutiría en una reducción del 3% del precio que pagan los usuarios.
Costear de forma mixta la atención de larga duración
La gran mayoría de los expertos coinciden en que la única forma de financiar un modelo de atención de cuidados de larga duración a personas dependientes es articular los recursos privados y los públicos.En definitiva, un modelo mixto de financiación que dependa del grado de dependencia de la persona (a mayor dependencia, el coste correrá en mayor medida a cargo de las cuentas públicas, y viceversa).A esta conclusión ha llegado también el Banco Central Europeo (BCE), que en su último informe llama la atención a los Estados para que, debido a las presiones sobre el gasto público, 'tomen difíciles decisiones' en materia de reformas sociosanitarias para atender a las personas dependientes.El BCE advierte que para hacer frente a cargas futuras en esta parcela del gasto, 'los Gobiernos podrían tener que elevar los tipos de cotización, reducir los servicios que ya prestan y garantizar la financiación y la capitalización privadas'.En el marco europeo, la discusión distingue entre la atención a los individuos que no pueden asegurarse ni proveerse de manera privada de la atención que necesitan y, por otro lado, los servicios en que la financiación privada podría ser más eficiente y accesible.El BCE opina que los sistemas públicos de asistencia sanitaria y cuidados de larga duración debieran centrarse en la provisión de servicios básicos de atención sanitaria y dejar que los individuos se financien sus propios servicios sanitarios 'no esenciales'.Propuesta de copagoLa propuesta del banco europeo para lograr una mayor participación privada en la financiación de la asistencia sanitaria es que los Estados adopten la fórmula del co-pago por parte de los pacientes. Este es el modelo que se ha adoptado en algunos países de la UE y el que propone el sector geriátrico en España, para la nueva ley que prepara el Gobierno.En Europa también se han experimentado propuestas para financiar estos cuidados mediante sistemas de capitalización como los fondos de pensiones privados, aunque de momento esa fórmula es poco factible en España.También aconseja el BCE que se establezcan límites presupuestarios en distintas áreas del sistema sanitario para mejorar los resultados del conjunto del sistema.