La conflictividad laboral vuelve a ser protagonista de la junta de Telefónica
La junta general de accionistas de Telefónica de ayer devolvió a la compañía a un clima de tensión laboral más propio de 1998, antes del expediente de regulación de empleo (ERE) de Juan Villalonga, que de los últimos cuatro años, dominados por la paz sindical. Pero es que la protección frente a reducciones de plantilla en la filial de telefonía fija, Telefónica de España, terminó el pasado 31 de diciembre y las declaraciones de Alierta en la rueda de prensa previa a la junta han dejado la puerta abierta a la presentación de un ERE este mismo año.
A las ya tradicionales reclamaciones de los trabajadores de Sintel se sumaron ayer las de la tercera fuerza sindical de la operadora, AST-CO.BAS, con exigencias de empleo más digno en la compañía y críticas a las segregaciones de negocios y despidos. Las pitadas y los gritos -con peticiones de dimisión incluidas, procedentes de cerca de medio centenar de representantes- fueron ensordecedoras e impidieron prácticamente que Alierta se hiciera escuchar en su turno de contestación a las intervenciones de los accionistas. Fueron una veintena larga de inversores los que pidieron la palabra y que difícilmente pudieron ser respondidos, en una asamblea en la que los sindicatos y trabajadores de Sintel obligaron a los accionistas a pasar a un segundo plano.
El presidente de la operadora sólo levantó la voz para reiterar que su objetivo es 'mejorar la eficiencia' y que se hará con un 'diálogo normal con los sindicatos'.
Este diálogo, según fuentes de la operadora, comenzará nada más terminar la Semana Santa y su meta todavía no está definida. Fuentes sindicales y de los trabajadores, sin embargo, aseguran que la cifra de reducción que se baraja está en el entorno de los 10.000 empleos, sobre una plantilla total que supera ligeramente los 40.000 trabajadores.
Antes de que se caldearan los ánimos, Alierta sí tuvo la oportunidad de dirigirse a los accionistas en el tradicional discurso y lanzar varios mensajes tranquilizadores. El presidente de Telefónica reconoció que la crisis ha sido dura, con efectos tanto en la evolución bursátil como en los resultados, pero que ya se ha tocado fondo. 'Nuestro sector ha pasado el periodo de burbuja y el de saneamiento, así que nos dirigimos a una tendencia de crecimiento sostenido'.
A esta tendencia se apuntarán, según aseguró Alierta, las acciones de Antena 3 que Telefónica repartirá entre sus accionistas como dividendo, puesto que tienen 'recorrido al alza'. Aunque el presidente se limitó a explicar que la cotización será en el 'segundo semestre', la cadena de televisión ha comenzado a moverse.
Junta de Antena 3
El consejo de administración de Antena 3 del pasado jueves ha convocado junta extraordinaria de accionistas para el próximo día 28. Los dos puntos principales del orden del día son la solicitud de admisión a cotización de las acciones y la modificación de seis artículos de los estatutos. Este último cambio permitirá suprimir el derecho de tanteo que tienen los actuales accionistas -Telefónica, SCH y RTL- sobre la participación de los demás, lo que facilita la salida de la operadora del accionariado y dejará un mayor margen de maniobra a la hora de buscar un socio de referencia para la televisión.
El discurso de Alierta hizo especial hincapié en los nuevos cambios regulatorios que introducirá la Ley General de Telecomunicaciones, que dan al Gobierno la oportunidad de 'resolver graves problemas regulatorios'. El presidente abogó por una normativa que deje libertad a la operadora para actuar en el mercado y que sancione las actuaciones después de que se hayan producido, sin un marco previo que ahogue la iniciativa.
Las críticas se centraron en los precios de interconexión -las tarifas que pagan los competidores de Telefónica por usar su red- y el 'intervencionismo en los precios'. España cuenta con 'una de las regulaciones más exigentes' de Europa y sus características han propiciado 'más la reventa que la innovación'.
Alierta está convencido de que 'Telefónica ha cumplido su parte en el compromiso con la liberalización de las telecomunicaciones en España', bajando las tarifas más que sus homólogas europeas y poniendo a disposición de los rivales las infraestructuras. Ahora es el turno, añadió, de los reguladores, que tienen que garantizar 'la existencia de un marco legal con una agenda desreguladora predecible', que permita la inversión y el desarrollo de la sociedad de la información.