Las empresas españolas denuncian la inseguridad jurídica en Bolivia
Las empresas españolas instaladas en Bolivia, alarmadas por la grave crisis económica y social que atraviesa el país iberoamericano y el clima de hostilidad hacia la inversión extranjera que ha generado esta situación, se entrevistaron la semana pasada con el ministro de la Presidencia boliviano, Guillermo Justiniaino, para denunciar esta situación de incertidumbre y pedir soluciones inmediatas.
La delegación empresarial, encabezada por el presidente de la Cámara Oficial de España en Bolivia, José Luis Muñoz Alcocer, estuvo integrada por representantes de Repsol YPF, Red Eléctrica, Ferrovial, Agromán, Fanexa, Intersanitas, Inypsa y el BBVA, advirtiendo algunos de ellos que aunque la estrategia de las empresas españolas en Bolivia es a largo plazo y con voluntad de permanencia, 'si no cambian las cosas existe el riesgo de retirar las inversiones'.
Cuatro fueron los problemas denunciados por los ejecutivos españoles y que afectan a la generalidad de las empresas extranjeras en Bolivia: acoso fiscal, incumplimiento de los acuerdos tarifarios establecidos en los contratos de adjudicación, falta de seguridad jurídica y ausencia de apoyo oficial al capital productivo exterior.
Especialmente graves son los dos primeros que, en lo referente a la fiscalidad, se están traduciendo en modificaciones del gravamen impositivo y en continuas inspecciones que uno de los presentes califico como 'agresión y maltrato al inversor'.
Respecto a la cuestión tarifaria, las principales dificultades se derivan de la dolarización de la economía boliviana que motivó la inclusión de plazos de actualización de las tarifas en los contratos de adjudicación. Plazos que han sido incumplidos sistemáticamente por el Gobierno de La Paz.
Contrato de gas
Los empresarios españoles insistieron también en la ausencia de planes de reactivación de la economía, cuya crisis es el principal caldo de cultivo del clima contrario a las inversiones extranjeras que impera en el país, por lo que solicitaron al ministro de la Presidencia la puesta en marcha de campañas de opinión que permitan generar una imagen positiva de las inversiones extranjeras como fuente de riqueza y de creación de puestos de trabajo.
La visita oficial a España del presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, que llegará mañana viernes a Madrid, será el escenario para abordar las posibles soluciones a los problemas denunciados, toda vez que el ministro Justiniaino se comprometió a coordinar las actuaciones a desarrollar por los ministerios implicados.
España fue el primer inversor extranjero en Bolivia durante el año 2002, con unas operaciones aprobadas por valor de unos 300 millones de euros que suponen el 30% del capital exterior recibido por el país andino. De este volumen total, el 48% se destinó al sector de hidrocarburos, el 42% a comercio y servicios y el 8% a industria y actividades agropecuarias.
Precisamente, durante su estancia en Madrid, Sánchez de Lozada se entrevistará con responsables de Repsol, accionista mayoritario del grupo boliviano LNG, primer productor de gas del país y que ha obtenido el contrato de exportación gasista a Estados Unidos. Un contrato que se ha visto retrasado por la indefinición del Gobierno de La Paz de la localidad e instalaciones portuarias para realizar la exportación que, al carecer Bolivia de costas, ha de realizarse forzosamente desde Chile.