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'Los Albertos' abonan en el juzgado las indemnizaciones

Los ex banqueros Alberto Cortina y Alberto Alcocer ya han satisfecho las indemnizaciones a cuyo pago fueron condenados por el Tribunal Supremo en la sentencia del caso Urbanor y han consignado el resguardo del abono de las citadas cantidades en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, según informa Europa Press de fuentes del tribunal.

La condena fijó en cerca de 25 millones de euros más los intereses generados desde 1988 las responsabilidades civiles generadas por la venta fraudulenta de los terrenos donde posteriormente se edificaron las Torres KIO. Las indemnizaciones irán dirigidas a los socios minoritarios de Urbanor, a quienes se pagó un precio por metro cuadrado de los terrenos inferior al convenido entre los Albertos y los compradores.

Precisamente la semana pasada, Construcciones San Martín, uno de los socios minoritarios de Urbanor que resultó perjudicado en la operación inmobiliaria, solicitó en la Audiencia Provincial de Madrid que no se suspenda la condena de tres años y cuatro meses de prisión impuesta a cada uno de los ex banqueros.

Esta parte señalaba que el hecho de no haberse pagado las indemnizaciones afectaba a la petición de indulto alegada por las defensas para impedir el ingreso en prisión de Alberto Cortina y Alberto Alcocer.

La Fiscalía de Madrid también se había opuesto formalmente a la suspensión en atención a la gravedad de los hechos por los que Cortina y Alcocer fueron condenados.

La sentencia del Tribunal Supremo revocó la inicialmente dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, que consideraba a los Albertos responsables de estafa y falsedad, si bien les absolvió por considerar prescritas sus conductas. Ahora, los condenados han presentado recurso ante el Tribunal Constitucional.

Los ex presidentes del Zaragozano fueron condenados a tres años y cuatro meses de prisión por haber cometido delitos de estafa y falsedad en documento mercantil en 1987 con la venta de los terrenos en los que se edificaron las Torres KIO. Se les condenó también a pagar unos 24,5 millones a los perjudicados por la operación.

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