La SEPI recurrirá el fallo que le obliga a comprar las acciones de KIO en Ebro
Los argumentos que la SEPI ha esgrimido para negarse a hacer frente al compromiso de compra de las acciones que el grupo Torras posee en Ebro Puleva no han convencido al titular del juzgado de primera instancia número 21 de Madrid.
El juez, en una sentencia dictada el pasado 31 de marzo, obliga a la entidad presidida por Ignacio Ruiz-Jarabo a formalizar el contrato de compraventa pactado en su día por el Gobierno, a través de la sociedad pública Alycesa, con KIO.
Este pacto establecía el compromiso irrevocable de Alycesa de adquirir el 7,8% de Ebro Puleva en manos de KIO. El contrato, firmado el 30 de diciembre de 1997, fijaba un precio de recompra de este paquete de 15 euros por acción, más una revalorización anual del 10% en concepto de intereses hasta la fecha de formalización del contrato. En total, la SEPI debería pagar ahora 230 millones de euros por la participación. Al precio del cierre de ayer este paquete está valorado en 74,4 millones.
Pero la entidad pública ha asegurado que estudia la interposición de un recurso ante la Audiencia Provincial para evitar comprar las acciones.
El compromiso de compra parte de un pacto formalizado en 1997 por la entonces ministra de Agricultura Loyola de Palacio y KIO. El riesgo evidente entonces era que el grupo kuwaití vendiera su participación en Azucarera Ebro Agrícolas a la multinacional francesa Saint Louis y que este grupo, que entonces era visto como una amenaza para las pretensiones del primer Gobierno del PP de reestructurar el sector azucarero en torno a capital nacional, dominara el negocio azucarero en España.
El pacto con Alycesa tenía un plazo de ejecución de tres años. En 2001, cuando KIO pidió a la empresa pública, ya integrada en la SEPI, que cumpliera con sus compromisos, ésta se negó en redondo con el argumento de que cuando se formalizó el pacto la situación real financiero-contable de la compañía era muy distinta a la que se utilizó para sellar el compromiso de pago.
Rechazo
El juez ha rechazado este argumento, ya que entiende que Alycesa no sólo perseguía un fin económico, sino que tenía un claro interés político en preservar la españolidad del sector azucarero, 'lo cual podía motivar la necesidad de incurrir en determinadas pérdidas económicas a cambio de obtener el fin políticamente perseguido'.
Por otro lado, ayer el Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) dio su visto bueno a la privatización del 4,24% del capital de Ebro Puleva propiedad de Mercasa. El visto bueno a la operación de venta de ese porcentaje a la sociedad Instituto Hispánico del Arroz (Hisparroz), controlada por la familia andaluza Hernández Barrera, permite que estos accionistas refuercen considerablemente su posición en la compañía y pasen a controlar el 10,5% de la compañía.
El precio pactado para la privatización es de 7,75 euros por acción, lo que dota a la operación de una valoración global de 50 millones.
Según el CCP, la búsqueda de posibles compradores se ha basado en los contactos de carácter bilateral del asesor, BBVA Bolsa, con los inversores preseleccionados, 'sin que ello haya ido acompañado de la apertura formal de un plazo para que los posibles interesados pudiesen presentar sus ofertas de adquisición'.
Añade que debería haberse informado con anuncios explícitos la apertura del proceso de venta y que éste se encontraba abierto a todos aquellos que tuvieran interés en participar en el mismo.
Recuerda que el asesor se puso en contacto con un total de 19 posibles inversores y que finalmente se presentaron dos ofertas de adquisición, una que no respondía plenamente a los requerimientos del vendedor, ya que no permitía vender más del 3% y cuyo precio era inferior al ofertado por el grupo Hisparroz.