La ley de firma electrónica ve por fin la luz
Uno de los proyectos que finalmente han visto la luz es el de firma electrónica, una idea que impulsó Anna Birulés. Ayer, el Gobierno decidió la remisión del anteproyecto de ley de firma electrónica al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que emitan su preceptivo dictamen y pueda llegar al Congreso de los Diputados antes del mes de junio.
'El texto permitirá que los procesos online tengan las cualidades de autenticidad, integridad y no repudio que requieren para ofrecer las garantías adecuadas en la Red', afirmó Piqué en la rueda de prensa posterior, según informa la agencia Efe. El ministro señaló que incorporará a la normativa en vigor la 'experiencia' aprendida desde su aprobación, así como una mayor liberalización e iniciativa de la empresa privada.
Durante su elaboración, el anteproyecto recibió aportaciones de más de 60 entidades y asociaciones, entre ellas el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Consumo o la Agencia de Protección de Datos -además de ser sometido a consulta pública en Internet-, que según Piqué pusieron de manifiesto 'la necesidad de simplificar tanto el texto como los trámites que regula'.
El anteproyecto de ley, que servirá también para adaptar a la normativa española la Directiva 1999/93, que establece un marco comunitario para la firma electrónica en la UE, presenta como principales novedades el establecimiento de las bases para la implantación del DNI digital y la creación de una firma de personas jurídicas, como empresas e instituciones, para operaciones telemáticas.
El DNI digital, cuyo prestador de servicios de certificación será el Ministerio del Interior, está 'llamado a generalizar el uso de la firma electrónica en España', según el ministro de Ciencia y Tecnología. Con el desarrollo reglamentario posterior, el Gobierno buscará convertirlo en el 'instrumento idóneo para identificar fehacientemente a las personas que se comunican a través de la Red'. Fuentes jurídicas y empresariales creen que la ley puede crear problemas de competencia.