Las discrepancias en el Gobierno ponen en peligro la ley audiovisual de Piqué
La anunciada a bombo y platillo ley audiovisual, llamada a ser el punto de partida de la reordenación del negocio audiovisual en España, ha encallado. Josep Piqué, ministro de Ciencia y Tecnología, no ha sido capaz de vencer la oposición a esta normativa que ha mostrado otros departamentos del área económica del Gobierno.
La ruptura de las relaciones del Ejecutivo con el PSOE, a causa de la guerra, tampoco favorece los intereses del ministro, que pretendía sacar adelante la ley basándose en un pacto de Estado con el Partido Socialista. Alfredo Pérez Rubalcaba ha asegurado que 'en un momento en que hablan las bombas es difícil pensar en otras cuestiones'.
El sector demandó a Ciencia y Tecnología como al PSOE que formularan un acuerdo global que permitiera que la ley aportara una mínima seguridad jurídica a largo plazo para que estableciera un marco de estabilidad para el desarrollo del sector y que el mercado audiovisual no estuviera en dependencia directa de los cambios políticos.
Fuentes cercanas al ministerio afirman que el momento es delicado, pero insisten en que Piqué no ha tirado aún la toalla. Reconocen que si no se alcanza un acuerdo para que el borrador de ley, 'que ya está redactado', sea aprobado por el Consejo de Ministros antes de Semana Santa, 'habrá que olvidar el asunto hasta la próxima legislatura'.
La dudosa viabilidad inmediata de la ley audiovisual causa una profunda inquietud en las empresas audiovisuales, operadores y fabricantes de equipos que esperaban que el nuevo marco legal estuviera plenamente disponible después del verano, coincidiendo ya con la nueva temporada de programación televisiva.
Según fuentes del sector el parón legal obedece a una profunda división de opiniones en el seno del Gobierno. El equipo de Piqué ha completado el trabajo inicial, redactando un borrador de ley 'corto pero completo'. Sin embargo, la gran variedad de asuntos conflictivos sobre los que tiene que legislar ha hecho surgir las divergencias en el seno del Gobierno.
Uno de los aspectos que han resultado más controvertidos se refiere al nuevo marco en el que operará el ente público RTVE. Las fórmulas de subvención que se establecen en el borrador para conseguir la necesaria financiación del déficit futuro de la televisión y radio pública ha chocado con la opinión del Ministerio de Hacienda. Cristóbal Montoro estima que una escalada en la subvención amenazaría la doctrina de déficit público cero.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el equipo de Piqué pretende incluir un recorte de emisión publicitaria para RTVE. En concreto, establece que la televisión pública no podrá emitir más de nueve minutos de anuncios por hora natural de emisión, cuando en la actualidad el ordenamiento vigente la autoriza a emitir 12 minutos de anuncios publicitarios.
Este recorte de algo más de un tercio en los ingresos publicitarios hace necesario un importante incremento de la subvención pública y eso es lo que intenta evitar Hacienda.
Por otro lado, ayer el grupo italiano Mediaset formalizó la compra del 12% de Telecinco al Grupo Correo, con lo que eleva su participación al 52%. La operación se realizó tras haber recibido el visto bueno de las autoridades europeas de la competencia.