El TC admite a trámite los recursos del gobierno andaluz contra la Ley Financiera
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite dos recursos de inconstitucionalidad presentados por la Junta de Andalucía y el Parlamento andaluz contra diversos preceptos de la Ley Financiera estatal al considerar que
invaden competencias autonómicas.
El tribunal ha decidido también admitir a trámite otro recurso presentado por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario socialista contra dicha Ley. El recurso del Parlamento andaluz contra algunos apartados del artículo 8 y varias disposiciones transitorias de la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero de 22 de noviembre de 2002, fue presentado el pasado 30 de enero por el presidente de la cámara regional, Javier Torres Vela. En el mismo, se argumentaba que los preceptos recurridos donde se regulan aspectos como la composición de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro y se reduce la representación pública al 50%, supone una "invasión" de competencias de Andalucía en materia de cajas de ahorro y la "sustracción" de CajaSur de la tutela de la Junta.
La interposición de dicho recurso fue acordada por el Pleno del Parlamento andaluz el 11 de diciembre de 2002 con el apoyo del PSOE, IU, PA y grupo mixto, y la única oposición del PP. El segundo recurso admitido a trámite por el TC es el promovido por la Junta de Andalucía, que fue presentado el pasado 16 de febrero en el registro del tribunal por los consejeros de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Economía y Hacienda, Magdalena Alvarez.
En este recurso, también contra varios apartados del artículo 8 y la disposición final de la Ley Financiera, el Gobierno andaluz argumenta que la modificación de la LORCA (Ley Orgánica de Cajas de Ahorros) a través de las enmiendas introducidas en dicha Ley estatal "vulnera" el Estatuto de Autonomía y la Constitución que establecen
para la comunidad la competencia "exclusiva" en materia de instituciones de crédito. El artículo 8 de la Ley Financiera abre la posibilidad de que el Ministerio de Economía ejerza atribuciones ejecutivas en las cajas de ahorro que tienen a la Iglesia Católica como fundadora directa, que es el caso de CajaSur, lo que, en opinión de la Junta, vulnera el Estatuto, ya que otorga al Estado una competencia "ejecutiva" que corresponde ejercer a la comunidad.