El Poder Judicial suspende siete meses a la jueza acusada de favorecer a Conde
El Consejo General del Poder Judicial se mostró claramente dividido a la hora de imponer una sanción a la jueza María Prado Torrecillas. Diez vocales votaron a favor de siete meses de suspensión y otros nueve consejeros defendieron la propuesta de la Comisión Disciplinaria de sancionar a la magistrada con dos años de suspensión.
La jueza, al haber sido sancionada con más de seis meses de suspensión, perderá su actual destino. Cuando cumpla la sanción, el próximo 14 de agosto (está suspendida cautelarmente desde el pasado 14 de enero) deberá concursar a una nueva plaza.
El consejo considera probado que la jueza de vigilancia penitenciaria María Prado Torrecillas presionó a la también jueza de vigilancia penitenciaria Reyes Gimeno para que diera un trato de favor al ex presidente de Banesto Mario Conde, que cumple una condena de 20 años de prisión por el llamado caso Banesto. La jueza sancionada pretendió que el ex banquero consiguiera el tercer grado penitenciario.
Intromisión
La Comisión Disciplinaria en su propuesta estimaba 'incuestionable' la intromisión de la jueza Torrecillas por intentar convencer a los otros dos jueces de vigilancia penitenciaria de Madrid para hacer un nuevo reparto de trabajo con el objetivo de que el centro penitenciario Alcalá-Meco, donde se encuentra Conde desde el pasado mes de julio, quedara adscrito a su juzgado.
El órgano de gobierno de jueces y magistrados ha acordado que con su actitud la jueza expedientada cometió una falta muy grave, prevista en el artículo 417.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este artículo establece que es falta grave 'la intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado'.
Los diez votos a favor de los siete meses de suspensión fueron emitidos por los diez vocales designados a propuesta del PP. Los otros ocho vocales designados a propuesta de PSOE e IU, más el independiente Agustín Azparren, votaron una sanción mayor. Se realizaron cuatro votaciones con propuestas de dos años, un año, nueve meses y siete meses de suspensión. Esta última fue la que finalmente obtuvo el respaldo de la mayoría de los consejeros.