Telefónica cuestiona la ley antifraude de EE UU y pide a la SEC que la modifique
Profunda preocupación', 'inconsistencia', 'costoso e ineficiente esfuerzo' y, en definitiva, la posibilidad de hacer mucho menos atractiva la cotización de empresas extranjeras en Estados Unidos. Todos estos comentarios forman parte de un escrito de alegaciones enviado por Telefónica al regulador de los mercados de Estados Unidos -la SEC, por sus siglas en inglés-, en el que cuestiona la eficacia y el alcance de la ley antifraude Sarbanes-Oxley.
Telefónica fue la primera compañía española en hacer pública su adhesión a algunos preceptos de la normativa antifraude, antes incluso de que la mayoría de las normas estuvieran desarrolladas y se supiera si su aplicación iba a ser obligatoria o no para las empresas europeas. Pero los distintos desarrollos de los conceptos generales y su contraposición tanto con la legislación española como con sus actuaciones ha cambiado las tornas.
En su escrito, la Dirección de Servicios Legales Corporativos de Mercados de Valores pide a la SEC que mantenga su tradicional política y confíe en la regulación doméstica de los países de origen de las compañías que cotizan en Estados Unidos, en lugar de imponer su normativa en materia de buen gobierno. En caso contrario, la compañía muestra su preocupación por el efecto que tendrá en las empresas, ya que puede provocar 'una mayor desincentivación para los emisores a la hora de cotizar en mercados fuera de su país de origen y, en especial, en Estados Unidos'.
A su juicio, la clave del éxito de la globalización de los mercados de valores se debe a la política estadounidense de aplicar a los emisores extranjeros las normas de publicación de información, mientras dejaba en manos de los reguladores locales la reglamentación sobre gobierno corporativo. Un cambio en estas condiciones puede tener, por tanto, efectos nocivos.
Telefónica presenta su argumentación como una compañía cotizada en nueve países y con once filiales que hacen informes periódicos a la SEC. Además de pertenecer a mercados de valores estadounidenses, las filiales de Telefónica cotizan en otras cinco Bolsas y hay ocho participadas que están ligadas a parqués ajenos al de Nueva York. Con estos precedentes, la operadora hace hincapié en la complejidad de conjugar varias regulaciones nacionales, que se solapan, en algunos casos son 'inconsistentes' y provocan 'un costoso e ineficiente esfuerzo' para cumplir con todas ellas.
Falta de control
La medida concreta que ha despertado las críticas de Telefónica es la intención de la SEC de prohibir la presencia de los accionistas de control en las comisiones de auditoría. Sólo las matrices que tengan un 50% o más de sus filiales podrán saltarse la norma.
Una aplicación directa del precepto estadounidense obligaría a Telefónica a salir, por ejemplo, de la comisión de auditoría de Terra Lycos, una filial de la que posee el 38,6%. Y la operadora no está dispuesta a cumplirlo. La intención de la SEC de limitar el papel de los accionistas de control en este campo 'va más allá de lo que es necesario para la salvaguardia de los intereses de los socios minoritarios' y, en última instancia, 'supone una discriminación hacia los accionistas de control'.
Las exigencias de la SEC suponen un conflicto de intereses para Telefónica, puesto que considera 'esencial' participar plenamente en el proceso de formulación y publicación de cuentas de sus filiales. El objetivo de esta participación, añade la compañía, es controlar la calidad y asegurarse de que el resultado es satisfactorio.
La presentación de alegaciones a este desarrollo de la ley no es la única iniciativa que tomará la compañía para protegerse de la legislación antifraude del país americano. Telefónica no descarta, aseguran fuentes de la compañía, hacer frente común con sus homólogas europeas y presentar batalla bajo el paraguas continental.
Porque Telefónica no es la única afectada por esta regulación, que ha levantado suspicacias en muchas empresas y países europeos que en su día decidieron cotizar en las Bolsas de Estados Unidos. De hecho, se planteó la posibilidad de que esta normativa no fuera de obligado cumplimiento para las corporaciones del Viejo Continente, pero la falta de un pronunciamiento explícito sobre la relajación de la ley para ellas ha dado a entender que la exigencia se mantiene.
Todavía está pendiente, sin embargo, saber si el regulador estadounidense va a dar una moratoria a las compañías del otro lado del Atlántico para adaptarse a los nuevos preceptos.