La oposición proyecta la protesta social sobre el 25-M
La unidad de toda la oposición parlamentaria en contra de la guerra es uno de los bienes más preciados en estos momentos para el PSOE, convencido de que el malestar contra el Gobierno se proyectará sobre las elecciones del 25 de mayo.
Un primer paso para arropar la contestación ciudadana en las comunidades autónomas y los ayuntamientos lo dio el PSOE el pasado viernes al trasladar a estas instituciones una moción en la que se insta al Gobierno a retirar su apoyo a la guerra y a impedir a Estados Unidos el uso de las bases militares de utilización conjunta. Los socialistas buscan con esta iniciativa que el PP se retrate no sólo en el Parlamento, sino también en las instancias desde donde se dibujará el nuevo mapa político territorial a partir de las elecciones del 25 de mayo.
'No vamos a agotar todos nuestros argumentos en un día', señalaba la semana pasada el portavoz socialista de Exteriores, Manuel Marín, al justificar el olvido consciente en el que incurrió José Luis Rodríguez Zapatero al eludir todo comentario acerca del uso de las bases militares y del envío de tropas españolas al Golfo durante el último debate con José María Aznar en el Congreso.
El contencioso en torno a la utilización legal o no de las bases va a ser abordado por toda la oposición en su conjunto mañana martes, a través de una proposición no de ley en la que 10 grupos parlamentarios, todos salvo el PP, buscan evidenciar la ilegalidad en la que habría incurrido el Gobierno al permitir que EE UU use las instalaciones de Morón y Rota en un supuesto, como es una guerra no aprobada por la ONU, que supera, a su juicio, el marco del convenio de defensa bilateral entre ambos países.
Recuperar la ONU
Los nacionalistas catalanes defenderán una propuesta en la que instan al Ejecutivo a reconstruir la credibilidad de la ONU, si bien han prometido al PSOE que se sumarán a la proposición conjunta de toda la oposición.
La ofensiva contra el Gobierno no se detendrá aquí. Zapatero y nueve de sus diputados interrogarán a Aznar, a los vicepresidentes Mariano Rajoy y Rodrigo Rato, y al ministro de Defensa, Federico Trillo, sobre algunos de los aspectos más sensibles del conflicto bélico: razones para la participación de España, la supuesta quiebra de la legalidad internacional, el último informe de los inspectores de la ONU sobre desarme, la utilización de las bases militares y las consecuencias económicas de la guerra. Con anterioridad, Aznar habrá rendido cuentas también en el Congreso sobre el consejo europeo celebrado en Bruselas el viernes, lo que aprovechará para fijar de nuevo la posición oficial ante la guerra.
Para quien espere emociones fuertes de estos debates, aquí están las previsiones del dirigente socialista Diego López Garrido, uno de los integrantes del gabinete de crisis creado por Zapatero: 'La evolución de los acontecimientos está muy abierta, de ahí que vayamos a dosificar nuestras propuestas y denuncias, evitando en todo caso que sean desproporcionadas'. En los planes del primer partido de la oposición no entra la presentación de una moción de censura, pues revelaría una utilización electoralista del conflicto, aunque no se descarta que el Gobierno se someta a una cuestión de confianza si se complica la guerra.
Las acusaciones lanzadas por Rajoy contra el PSOE tras el Consejo de Ministros del viernes definen bien la estrategia del Gobierno para desacreditar a Zapatero. 'Hay exceso de radicalismo, de reivindicación, de pancarta, casi de actuación como piquete, lo cual es ciertamente preocupante', afirmó. Aznar también ha mostrado su interés en identificar al líder del PSOE con Gaspar Llamazares, coordinador de Izquierda Unida, consciente de que Zapatero ha penetrado con su oposición a la guerra en el electorado del PP.
Los sindicatos preparan su respuesta
Los máximos órganos de dirección de UGT y Comisiones Obreras se reúnen esta semana para decidir el grado de contundencia de la respuesta que dan al Gobierno después de varios paros episódicos duramente criticados desde CEOE. En sus ejecutivas hay opiniones divididas, pero de lo trasladado al PSOE se deduce que la convocatoria de una huelga general es improbable porque, en las actuales circunstancias, se consideraría una propuesta desmedida.