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Práctica

La ley impedirá a la banca emitir valores desde paraísos fiscales

La emisión de participaciones preferentes desde paraísos fiscales será una práctica prohibida para las entidades de crédito cuando entre en vigor el proyecto de Ley de Régimen Jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales. El Congreso de los Diputados aprobó ayer las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista al proyecto, de manera que las preferentes sólo podrán ser emitidas por una sociedad anónima constituida en España o en algún Estado miembro de la Unión Europea que sea filial al 100% de una entidad dominante de un grupo consolidable. 'En ningún caso desde países o territorios calificados como paraísos fiscales', según precisa el texto pactado con el PP.

Estas sociedades tendrán un tratamiento fiscal ventajoso, ya que tributarán por el impuesto de sociedades al 5%. Los dividendos que perciban los tenedores de dichas participaciones se incluirán en la base imponible, tributando por IRPF o impuesto sobre sociedades y las entidades estarán obligadas a entregar a la Agencia Tributaria la relación de los tenedores.

Además, se incluye una limitación formal a las entidades de crédito para asegurarse de que en el momento de realizar una emisión el importe nominal en circulación no sea superior al 30% de los recursos propios básicos. Adquiere así rango de ley la recomendación que hiciera el Banco de España hace dos años, preocupado por el peso que estaban adquiriendo las preferentes en el cómputo de recursos de primera categoría de las entidades de crédito. Hasta ahora la emisión de estos títulos se realizaba desde paraísos fiscales, como las islas Caimán, lo que los hacía rentables al no estar sujetas a tributación en el sistema fiscal español.

Aunque es una práctica conocida, consentida y avalada por el Banco de España y la CNMV, tenía muy mala imagen y hace años que las cajas reclaman un cambio normativo, también esperado por los bancos ante el temor de un cambio de tratamiento fiscal.

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