La gasística venderá activos por valor de 5.000 millones para evitar las trabas de Competencia
Gas Natural no quiere imprevistos y trabas que hagan inviable a nivel administrativo su estrategia para convertirse en una de las principales compañías de referencia en el mapa energético europeo. Situaciones como las sufridas por Endesa e Iberdrola, que alegaron trabas del Gobierno para paralizar la fusión, no caben en su esquema de negociación.
La política de Gas Natural para superar todos los listones (Tribunal de Defensa de la Competencia y Economía) ya esta perfilada. La compañía gasística tiene previsto ganar músculo en el negocio eléctrico, que sería aportado por Iberdrola, y perderlo, aunque sea ligeramente, en el mercado del gas desprendiéndose de bienes que todavía están bajo su órbita. Así, según sus planes de desinversión, se pondrían en el mercado activos por valor de 5.000 millones de euros relacionados con el sector eléctrico y el gasístico, lo que abriría la puerta a nuevos operadores o permitiría a los actuales agentes aumentar su tamaño en el campo energético.
La jugada, en principio, está medida según aseguraron ayer los responsables de Gas Natural que confían en rebasar los trámites administrativos, si finalmente sale adelante su oferta por el control de Iberdrola. Además, también tienen calculadas las inversiones conjuntas de Iberdrola y la firma gasística, que se verán reducidas sensiblemente. Así los 14.700 millones de euros que figuran en sus planes de negocio se rebajarían hasta los 10.600 millones, lo que supondría renunciar a algunos proyectos de generación eléctrica relacionados con los ciclos combinados.
La mano del Tribunal de Defensa de la Competencia es alargada. El criterio de este Tribunal, manifestado en diferentes procesos de concentración, se ha basado en preservar y garantizar la libre competencia en los mercados en beneficio de los consumidores.
El proyecto de Gas Natural quiere, en cualquier caso, ganarse al Ejecutivo. Además del guiño realizado con el anuncio de venta de activos por 5.000 millones, esgrime el argumento de que la absorción permitiría la complementariedad de la empresa gasística y de la eléctrica, lo que le permitiría convertirse en una gran compañía española multiservicios y sin una posición de dominio una vez segregada su posición en Enagás, el actual propietario de las infraestructuras gasísticas.
Los ejemplos de trabas administrativas a las concentraciones en el sector energético son recientes.
En febrero de 2001 el Gobierno estableció unas cláusulas a la fusión entre Iberdrola y Endesa que, entre otras cosas, establecía marcos regulatorios distintos para la sociedad resultante de la unión y el resto de los agentes del mercado y fijaba un esquema que, según los rectores de las dos eléctricas, creaba un 'alto grado de inseguridad jurídica'.