Aprobado el proyecto de LGT, que endurece las sanciones y protege al usuario contra el 'spam'
El Consejo de Ministros ha acordado hoy la remisión a las Cortes Generales del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que presenta como principales novedades el establecimiento de Internet como servicio universal, el reconocimiento del derecho de los usuarios a no recibir correo electrónico no deseado o 'spam' y el endurecimiento de las sanciones para las operadoras. El proyecto aumenta además las competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) e incorpora al ordenamiento jurídico español la normativa aprobada por la Unión Europea en marzo del pasado año.
Derechos del usuario
La normativa recoge derechos nuevos para los usuarios, como el de impedir mediante un procedimiento sencillo y gratuito la identificación de llamada y el de no recibir publicidad mediante llamadas automáticas, mensajes de fax o correo electrónico ('spam'), salvo que manifiesten su consentimiento. Asimismo, mantiene el concepto de 'servicio universal' como derecho de todos los ciudadanos de recibir acceso telefónico a un precio asequible, con independencia de su localización geográfica. A este derecho se añade el de acceso funcional a Internet, que se ha incluido en la normativa comunitaria. æpermil;ste ya se encuentra en vigor en España a través del plan de sustitución de las líneas de telefonía rural por líneas con acceso a Internet, que ha desarrollado el Gobierno.
En este apartado se amplían otros derechos de los usuarios, como el de elegir el medio de pago para el abono de los servicios; el derecho del usuario a resolver anticipadamente sin penalización el contrato cuando se modifiquen las condiciones contractuales o el derecho a recibir información comparable y actualizada sobre de la calidad del servicio. Por otra parte, la nueva Ley eleva a rango legal determinados aspectos, como las tarifas especiales de servicio telefónico para personas con necesidades sociales o la garantía de posibilidad de elección de operador para los discapacitados.
Nuevas sanciones
El proyecto endurece las sanciones previstas en el texto inicial de la Ley, tras el dictamen del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES). La disminución de la intervención administrativa implica la necesidad de un régimen sancionador más estricto. Así, se introducen infracciones por el incumplimiento de los límites de emisiones en las antenas. Además de las multas, la Ley prevé la posible inhabilitación del operador que cometa una infracción y la retirada del mercado de equipos y aparatos que incumplan los requisitos esenciales.
Igualmente, se elevan las sanciones que podrán exigirse a los operadores. En concreto, las infracciones muy graves relativas al incumplimiento de las instrucciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para mercados de referencia y operadores con poder significativo en el mercado serán castigadas con multas de hasta 20 millones de euros, mientras que para el resto de las infracciones muy graves, las sanciones serán de hasta 2 millones de euros. Las graves conllevarán una sanción de hasta 500.000 euros. Además, se introduce una nueva multa de 60.000 euros a los representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en las infracciones cometidas por sus empresas.
Competencias de la CMT
Como ya se ha informado, la Ley establece que para operar en el sector de las telecomunicaciones únicamente habrá que comunicarlo a la CMT, en lugar tener que solicitar autorización administrativa como sucede en la actualidad.
La CMT analizará periódicamente los diversos mercados para detectar los sectores en los que no exista una competencia efectiva y podrá imponer obligaciones específicas para favorecer la competencia a los operadores con posición de dominio, que a partir de esta ley se denominarán "operadores con poder significativo en el mercado". Estos tendrán la obligación de poner su red pública a disposición de otras empresas en condiciones de orientación a costes, transparencia, no discriminación y control de precios.
Además, los operadores tendrán derecho a ocupar el dominio público para el despliegue de sus redes. Las tasas económicas para ellos seguirán los criterios fijados por la normativa comunitaria de proporcionalidad, transparencia y justificación. En cuanto al uso de frecuencias radioeléctricas, se mantiene la legislación aunque establece que un reglamento podrá permitir la transmisión de derechos de uso de las mismas.