Anticorrupción investigará los presuntos delitos de Cajasur
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha autorizado a la Fiscalía Anticorrupción a investigar la denuncia que presentó la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta contra la caja cordobesa Cajasur por presunta falsedad documental y apropiación indebida. Este último delito se eleva a unos 10 millones de euros, aunque, según informó ayer la Cadena Ser, la cuantía podría subir a los 15 millones.
La denuncia que ahora asume Anticorrupción fue el resultado de la inspección realizada en la entidad por parte de funcionarios de la Junta de Andalucía auxiliados por auditores de KPMG. El TSJA determinó pocos días después de cursarse la denuncia que una consultora privada no puede participar en estas inspecciones de carácter público, aunque la consejería ya había decidido suspender provisionalmente la inspección e interponer la denuncia, alegando el 'obstruccionismo' de la entidad.
Fuentes de la Fiscalía General explicaron a Europa Press que una vez que la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción remitió la semana pasada la denuncia y solicitó hacerse cargo de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado ha considerado que los hechos denunciados entran dentro de sus competencias, por lo que ha autorizado la investigación.
A partir de ahora, la Fiscalía Anticorrupción abrirá unas diligencias de investigación y, en caso de encontrar indicios de delito en la actuación de la caja, presentará una querella o denuncia ante los tribunales, mientras que de no hallar tales indicios procederá al archivo.
La consejera de Economía y Hacienda, Magdalena álvarez, interpretó ayer que la decisión de la Fiscalía demuestra la existencia de indicios de delito y que éstos son de especial relevancia y pueden acabar en la Audiencia Nacional. Por eso entiende Álvarez que el expediente se remite al Fiscal Anticorrupción para que inicie las investigaciones pertinentes.
La caja se defiende
En declaraciones a RNE, Álvarez manifestó que esta decisión 'pone a cada uno en su sitio' frente a la 'campaña de obstrucción y confusión' que, a su juicio, hacen el PP-A y la propia caja. Además, la consejera apuntó que el argumento de Cajasur de que era un mero trámite 'no tiene ningún sentido'.
Muy distinta es la interpretación del otro lado del conflicto. La dirección de Cajasur defendió la legalidad de su gestión y mostró ayer su 'tranquilidad y serenidad' por la autorización de la Fiscalía General. Apuntó que este proceso 'servirá para investigar con rigor y profesionalidad' su situación contable. Por su parte, la presidenta del PP en Córdoba, María Jesús Botella, dijo por su parte que la decisión del fiscal 'no prejuzga para nada el fondo del asunto'.