La UE impondrá penas de entre 1 a 3 años de prisión a los autores de delitos informáticos
Los Estados miembros de la UE castigarán con penas de 1 a 3 años de prisión a los responsables de delitos informáticos, según el acuerdo alcanzado hoy por los ministros de Justicia de los Quince. Los titulares de Justicia de la Unión Europea han logrado un acuerdo político sobre una "decisión marco relativa a los ataques contra los sistemas informáticos" que armoniza la definición, tipificación y sanciones aplicables a estas infracciones. Estos delitos podrán ser sancionados con una pena de hasta 5 años de prisión si los ataques informáticos se efectúan en el seno de una organización criminal, circunstancia que tendrá la consideración de una agravante.
La iniciativa pretende hacer frente a los ataques contra los sistemas informáticos en la Unión Europea, reforzando la cooperación jurídica y aplicando medidas policiales comunes, que se traducirán en una aproximación de las legislaciones penales de los Quince. El secretario de Justicia español, Rafael Catalá, ha destacado que el acuerdo pone de manifiesto "la construcción del espacio común de justicia", que definirá "tipos penales comunes y sanciones comunes". Catalá ha señalado que el uso de nuevas tecnologías conlleva la aparición de nuevos delitos hasta ahora no tipificados y destacó la importancia de que "la UE tenga la agilidad y habilidad para hacer frente a esta cuestión".
Según el acuerdo, la dimensión frecuentemente internacional de los ataques informáticos pone de manifiesto la necesidad urgente de aproximar la legislación penal de los Estados miembros. Catalá ha destacado que en la reforma del código penal español que el gobierno ha iniciado "existe una referencia específica a las nuevas fórmulas de delito y a aquellas que tienen que ver con la utilización de las nuevas tecnologías".
El secretario de Justicia ha apuntado que el acuerdo afectará a dos artículos incluidos en el código penal vigente, el 197, y el 264.2, y se refirió a la posibilidad de que tramitación del Código penal recoja las reformas necesarias. La aproximación que los Quince llevarán a cabo en el ámbito penal se traducirá en la adopción de medidas legislativas comunes contra el delito informático, que tomarán como base definiciones, tipificaciones y sanciones comunes a los Quince.
En cuanto a la competencia para juzgar los delitos, los Estados miembros serán los encargados en tres casos: cuando el delito se cometa en su territorio, el presunto autor tenga esa nacionalidad o cuando se trate de una persona jurídica que tenga su sede en el país en cuestión. En los casos en los que una infracción afecte a varios Estados, puesto que todos tendrán competencia, deberán decidir cuál de ellos procesará a los inculpados, e intentarán que el procedimiento se desarrolle en uno sólo de ellos.