El CES exige fondos públicos para el servicio universal de telefonía
El Consejo Económico y Social (CES) considera que el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones debería contemplar la financiación con fondos públicos del servicio universal y que el texto de la norma genera 'un considerable grado de incertidumbre e inseguridad jurídica' al no desarrollar determinados aspectos, según el dictamen aprobado ayer por su pleno extraordinario.
El CES califica como 'positiva' la revisión de la normativa del sector que realiza el anteproyecto, siempre y cuando 'permita solucionar la mayor parte de los problemas que afectan a su actividad'.
En concreto, señala que la futura ley debe contribuir a facilitar el despliegue de redes y el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, a ofrecer una mayor seguridad jurídica y a simplificar la administración de las competencias en esta materia entre las diferentes autoridades nacionales de regulación. Así, recomienda que se logre una acción coordinada entre las distintas Administraciones públicas.
Discriminación
El CES estima que 'cabría recoger' en el anteproyecto la posibilidad de financiar con cargo a fondos públicos una parte del coste de provisión del servicio universal, y señala que sigue discriminándose al sector de las telecomunicaciones frente a otros que prestan servicios más básicos, 'al obligar al sector a soportar en exclusiva el coste de extensión del servicio a cualquier zona o usuario'. Por otra parte, valora positivamente la amplia liberalización del régimen de licencias y autorizaciones para la prestación de servicios y estima que el refuerzo de las potestades administrativas sancionadoras no garantiza el resarcimiento económico de los usuarios finales.
Según el CES, la conservación de los números telefónicos por los abonados es 'un factor dinamizador de la competencia' y la selección de operador también es un instrumento que favorece la competencia. El CES aboga por que se reconozcan más explícitamente y se amplíen los derechos de los usuarios.