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Italia

El Tribunal de la UE falla contra la legislación que congeló el precio del seguro de coches

Las aseguradoras italianas podrán llevar al Gobierno del país a los tribunales, después de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considerara que la decisión del Ejecutivo de congelar, vía decreto primero, y vía ley después, las primas del seguro del automóvil de responsabilidad civil de nueva contratación violaba el derecho comunitario. El Gobierno, además, prohibió durante un año su revisión al alza.

Según el alto tribunal, el freno impuesto a las entidades aseguradoras en marzo de 2000 violaba el derecho de las compañías de los 15 países miembros a fijar sus precios, lo que está recogido en una directiva. 'Si un operador económico siente que ha sido dañado por una interpretación o una aplicación errónea de las normas comunitarias, podrá recurrir a un tribunal nacional para buscar una reparación', afirmó ayer el portavoz de la Comisión Europea, Jonathan Todd, en una conferencia de prensa.

Las aseguradoras italianas perdieron cerca de 1.000 millones de euros por ingresos por primas, según estimaciones que realizó en aquel entonces la patronal aseguradora italiana. Con esta medida, el Ejecutivo del entonces primer ministro Massimo D'Alema recurrió a esta decisión en un intento de enfriar el crecimiento de la inflación, que había alcanzado en ese mes su tercer máximo histórico consecutivo.

Los precios del seguro del automóvil subieron un 17,5% en 1999, mientras que el IPC sólo repuntó un 1,7%. El Gobierno pretendía mantener la inflación por debajo del techo del 2% que había fijado el Banco Central Europeo para lograr la convergencia europea. El país ha sobrepasado este límite durante los últimos tres años, informa Bloomberg.

Cuatro meses después de haber emitido el decreto, la Comisión Europea pidió a Italia que retirara el texto legal, ya que advertía que el Ejecutivo podría enfrentarse a acciones judiciales.

Ya en aquel entonces, el brazo ejecutivo de la Unión Europea afirmó que esta restricción de los precios podría estar violando las leyes comunitarias.

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