Bruselas propone penas de cárcel para castigar los vertidos de petróleo
Los vertidos contaminantes en el mar, deliberados o provocados por una negligencia grave, deberán castigarse en la Unión Europea con sanciones penales, según el proyecto de directiva que ha preparado la Comisión Europea (CE) como respuesta al desastre ecológico provocado por el naufragio del Prestige. El texto, elaborado por el Departamento de Transportes que dirige la comisaria Loyola de Palacio, aboga por imponer, en los casos más graves, penas de cárcel a los responsables del vertido, así como severas multas a las empresas, la prohibición de que se beneficien de subsidios públicos y la revocación temporal o definitiva de su derecho a continuar ejerciendo su actividad industrial.
Aunque la directiva, como ya ocurriera con las iniciativas adoptadas en 1999 tras el naufragio del petrolero Erika, responde a la marea negra provocada por el Prestige, la Comisión recuerda que 'la mayor parte de la contaminación por hidrocarburos que sufren las aguas comunitarias se debe a vertidos intencionados por parte de los navíos'.
La limpieza de cisternas y el vertido de aceites residuales en alta mar constituye una práctica tan ilegal como habitual, según indica la Comisión. Sus estudios hablan de 1.638 vertidos ilegales en el Mediterráneo durante 1999. La vigilancia aérea detectó 320 manchas en el mar Báltico y 590 en el mar del Norte durante el año 2001. Cifras que no reflejan el problema real porque 'sólo un pequeño porcentaje de los vertidos se detectan y un número muy escaso se investigan', advierte la CE.
Impunidad
La impunidad de estas prácticas se debe, según la Comisión, tanto a la falta de instalaciones apropiadas para realizar los vertidos como al poco rigor en la aplicación de las normas de regulación pactadas internacionalmente en 1973 y 1978. Además, en numerosas ocasiones las manchas se descubren demasiado tarde para buscar a los responsables. La CE considera también negativo que las sanciones actuales castiguen a los capitanes de los navíos y no a los propietarios, cuyas instrucciones siguen aquellos.
Bruselas desea que, al menos en el seno de la UE, los Estados miembros se comprometan a partir de ahora a castigar con penas suficientemente disuasorias la contaminación de aguas y costas, un delito que en los supuestos más graves podrá acarrear la privación de libertad.
La Comisión aprobará en breve el proyecto de directiva, que iniciará entonces su tramitación legislativa en el Parlamento Europeo. El veredicto final corresponde a los 15 Gobiernos de la UE.
Total, BP, Shell y Petrobras apoyarán a Repsol
Las compañías petroleras Total, British Petroleum, Shell y Petrobras cooperarán con la española Repsol en el estudio de viabilidad para determinar qué solución final se pone en marcha para solucionar las fugas del Prestige, según adelantó el comisionado del Gobierno para la catástrofe del barco, Rodolfo Martín Villa, en el Congreso de los Diputados. Martín Villa apuntó que si la solución final es el bombeo del fuel, y no el confinamiento, 'lo ideal es empezar en verano', pero se mostró muy cauteloso a la espera del estudio de Repsol. Asimismo, se prevé que la limpieza de playas acabe en verano y el Parque Nacional de Islas Atlánticas de Galicia 'estará totalmente limpio en 70 días si el tiempo no lo impide'. La situación es 'mejor, o mejor dicho, menos mala, aunque es difícil y compleja', según Martín Villa. Por otra parte, El despacho de abogados, Uría & Menéndez, representará al Estado en el asunto Prestige de forma desinteresada. El bufete, que ha recibido el encargo de llevar a cabo las actuaciones jurídicas necesarias para defender en el exterior los intereses públicos de España, ha decidido renunciar a la percepción de honorarios profesionales, en vista del carácter de catástrofe pública que reviste el asunto.