Lula acuerda con los gobernadores las reformas fiscal y de pensiones
En la denominada Carta de Brasilia, firmada por Lula y los gobernadores, se acordó que 'las reformas tributaria y del sistema de pensiones son prioritarias para el crecimiento sostenible del país'. En este sentido, el documento se constituye en un compromiso de las partes para que, 'en el primer semestre de este año', el Congreso Nacional discuta y apruebe los cambios que serán acordados por los Gobierno federal y de los Estados. El texto, difundido ayer en Brasilia y al que tuvo acceso este periódico, sienta las bases de las dos reformas, un objetivo largamente perseguido y nunca logrado por el Gobierno del ex presidente Fernando Henrique Cardoso.
El importante paso fue saludado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través del jefe de la misión brasileña, Jorge Márquez Ruarte, quien calificó el texto del acuerdo como 'muy útil' para avanzar en los programas del Fondo en Brasil.
Pero el lunes pasado, un día después de que se conociera el consenso alcanzado, el presidente de la CUT, Joao Felicio, criticó parte del contenido de la Carta de Brasilia y advirtió sobre sus consecuencias. 'Es correcto que el Gobierno escuche a los Estados, pero eso no significa que las propuestas contarán con nuestro apoyo', dijo Felicio. El dirigente sindical se refería a aspectos centrales de la reforma de las pensiones, que incluyen la introducción de un impuesto a los pensionistas, así como imponer un techo a las pensiones de aquellos funcionarios que ingresen en el Estado luego de aprobada la nueva ley. Asimismo se prevé crear un fondo de pensión complementario y privado.
Para Felicio, un sindicalista considerado moderado dentro del sindicato de empleados públicos, señaló que está dispuesto a 'discutir la posibilidad de cobrar a los pensionistas (un impuesto), en tanto eso sea hecho con los que tienen jubilaciones altas'. Pero con los empleados públicos sin reajuste (salarial) y con las propuestas de reforma que sólo hablan de quitarles derechos, el conflicto es inminente'. Para evitarlo, los dirigentes de la CUT han pedido una entrevista con el presidente.
Pero el Gobierno no parece dispuesto a negociar demasiado. 'El presidente se empeñará en esa reforma. æpermil;l no huirá de sus responsabilidades', dijo el jefe de la Casa Civil y mano derecha de Lula, José Dirceu. Según el oficialismo, en la seguridad social persisten privilegios, lo cual provocó en 2002 un déficit de 16.000 millones de dólares, un 7,4% del PIB. 'Si seguimos así, va a llegar un momento, en el corto plazo, en que el Estado no podrá pagar las jubilaciones y pensiones', alertó el presidente de Brasil.
La intención del Gobierno es concretar la reforma de las pensiones, y también la fiscal, para enviar una fuerte señal a los bancos e inversores de que está empeñado en corregir las causas estructurales del elevado endeudamiento público, para conseguir así financiación a tipos y plazos más largos.