Chávez inicia la persecución judicial de los principales dirigentes opositores
El enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición de Venezuela está hoy más lejos que nunca de una solución pacífica. Apenas 48 horas después de firmar un acuerdo con la oposición, el presidente Hugo Chávez iniciaba una ofensiva para meter en la cárcel a los líderes de la disidencia. Ayer fue arrestado el presidente de la patronal, Carlos Fernández. El dirigente sindical Carlos Ortega ha anunciado que no se entregará y que pasará a la clandestinidad.
La actuación emprendida por Chávez ha vuelto a aglutinar a la oposición, desalentada tras el fracaso de la huelga general con la que pretendían forzar la salida del mandatario. Los opositores organizaron ayer una manifestación en protesta por la detención de Fernández.
El juez Mikael Moreno informó en la televisión pública de que la detención del líder empresarial se había producido a instancias de la Fiscalía General. Fernández, incomunicado durante varias horas, permanecía en los calabozos de la Policía Política (Disip). Los delitos de los que se le acusa son los de 'conspiración, llamada a la rebelión, sabotaje, instigación a delinquir y traición a la patria'. El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, está acusado de los mismos cargos. El plazo para que se entregue vence hoy a las 12 de la noche. El dirigente sindical ya ha anunciado que no se presentará ante la justicia y que está decidido a pasar a la clandestinidad.
Fernández, Ortega y el directivo de la petrolera estatal PDVSA Juan Fernández fueron los portavoces de la Coordinadora Democrática en la huelga que se extendió del 2 de diciembre al 3 de febrero. El paro, que aún persiste parcialmente, ha provocado pérdidas al sector petrolero de 4.000 millones de dólares (3.715 millones de euros).
Crisis económica
La contracción del PIB en el último trimestre de 2002 fue del 17,6%. El Banco Central ha perdido más de 1.800 millones de dólares (1.670 millones de euros) de sus reservas en divisas y el bolívar se ha depreciado un 30% frente al dólar. Desde el 6 de febrero está en vigor un tipo de cambio fijo de 1.600 bolívares por dólar. El Gobierno también ha fijado los precios de una lista de 169 productos básicos.
La Administración ha aplicado medidas expeditivas en PDVSA. Unos 13.000 empleados que participaron en la huelga han sido despedidos. La recuperación de PDVSA es una incógnita. 'La compañía está militarizada y es imposible obtener información fiable sobre la producción de petróleo', señala una fuente del sector. El Ejecutivo cifra la producción en 2,1 millones de barriles y los opositores hablan de 1,35 millones.
Aun así, parecía que la situación empezaba a normalizarse. El martes, Gobierno y oposición firmaban un acuerdo contra la violencia, primer pacto en tres meses de negociación, auspiciado por la Organización de Estados Americanos. El miércoles, Exxon Mobil anunció la reanudación de sus actividades y Valero Energy envió un petrolero.
Ahora, el pánico se extiende entre opositores e inversores. El martes fueron encontrados los cadáveres de tres soldados y una mujer opositores a Chávez. Los cuatro habían sido torturados antes de ser ejecutados. Una niña de 14 años sobrevivió. Los médicos que la atienden fueron tiroteados en un extraño incidente con la policía, que luego alegó haberlos confundido con delincuentes.
La propia detención del presidente de la patronal es de dudosa legalidad. 'Salía de un restaurante cuando se le echaron encima ocho hombres armados, vestidos de oscuro y sin ninguna orden judicial en la mano. El guardaespaldas de Fernández forcejeó con ellos porque parecía tratarse de un secuestro', explicó a Cinco Días una portavoz de Fedecámaras.
El Gobierno español ya se ha pronunciado expresando su 'preocupación' por los acontecimientos, según declaró ayer la ministra de Exteriores, Ana Palacio.