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Venezuela

El Gobierno de Chávez y la oposición firman un pacto contra la violencia

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, considera el pacto como un paso previo imprescindible a la negociación sobre una salida electoral. De momento, el presidente Hugo Chávez, tras considerar durante unos días la posibilidad de adelantar las elecciones, ha vuelto a ratificar que una opción es el referéndum revocatorio, que constitucionalmente no podrá tener lugar antes del próximo 19 de agosto.

La declaración tiene siete puntos. El más polémico ha sido el de los medios de comunicación. Para redactar ese punto, los asesores legales del Gobierno, Omar Mezza, y la oposición, Juan Raffali, se basaron en los artículos 57, 'toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones', y 58, 'toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial', de la Constitución.

Los otros seis puntos se refieren a la condena de la violencia física y verbal, el rechazo a las acciones vandálicas y el respeto de los derechos humanos. También se propone la creación de una comisión de enlace entre Gobierno y oposición. Pese al gesto, ambos bandos están lejos de llegar a un acuerdo que solucione la crisis política y económica, la más grave en la historia de la democracia venezolana.

Pérdida de reservas

La oposición inició el 2 de diciembre un paro nacional cuyo éxito radicó en la casi paralización de la industria petrolera durante más dos meses. La crisis del sector, que aporta el 50% de los ingresos fiscales, aún persiste. Una de sus consecuencias es la pérdida de reservas de petróleo de al menos 1.000 millones de barriles, un 1,3% de las reservas del país, según informaron ayer a Cinco Días fuentes del sector.

Antes del inicio de la huelga, la producción petrolera de Venezuela era de unos tres millones de barriles diarios, de los que destinaba 2,5 millones de barriles a la exportación. El Ministerio de Energía estima que las pérdidas en ingresos generadas por la huelga ascienden al menos a 4.000 millones de dólares (más de 3.730 millones de euros).

El Gobierno estima que la producción supera ya los 2,1 millones de barriles. Los opositores cifran el ritmo de extracción en 1,35 millones. David Voght, representante de la consultora estadounidense IPD, estima que la extracción real 'oscila entre 1,4 y 1,5 millones de barriles diarios'. El analista señala que 'el principal problema para la exportación es la seguridad de los buques cargueros. Aún no está garantizada y, por eso, el regreso de los buques extranjeros se está retrasando'.

La Administración Chávez ha aprovechado el paro para iniciar una reestructuración masiva de la petrolera estatal, PDVSA. Más de 12.500 empleados han sido despedidos.

La Administración ha iniciado la reactivación a toda marcha de algunos de los pozos con técnicas poco convencionales. En otros yacimientos, el cierre ha provocado la pérdida del mantenimiento de la presión necesaria para lograr que el petróleo aflore a la superficie, lo que dificultará su recuperación.

La huelga aceleró la crisis económica y 2002 se cerró con una contracción del 8,9%. El Gobierno ha fijado el tipo de cambio del bolívar en 1.600 unidades por dólar, ha restringido la entrega de dólares y ha impuesto el control de precios en productos básicos, en algunos casos por debajo del coste de producción. La oposición, en la que se integra la mayor parte del sector productivo del país, anticipa una catástrofe económica.

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