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Turismo

Baleares ingresa 36,7 millones por la ecotasa en el segundo año de su implantación

El importe liquidado por la ecotasa (impuesto turístico que se cobra a los turistas por su estancia en las Islas Baleares) durante 2002 ha sido de 36,7 millones de euros, según informó ayer la Consejería de Hacienda y Presupuestos del Gobierno balear. En 2001, se recaudó por esta partida 18 millones de euros.

Entre el 1 y el 30 de enero presentaron sus declaraciones la totalidad de las empresas de alojamiento censadas como sustitutas del contribuyente. Las que optaron por el sistema de estimación directa tramitaron las autoliquidaciones del último cuatrimestre de 2002, mientras que las que se acogieron al pago del tributo por módulos (estimación objetiva) realizaron la liquidación de final de año, tras el pago a cuenta de septiembre.

Estas primeras liquidaciones del tributo constituyen el inicio del proceso de reconocimiento de los derechos en favor de la comunidad autónoma que permiten generar los créditos para ejecutar los proyectos previstos. El Ejecutivo autónomo prevé destinar la recaudación de la ecotasa a nuevos proyectos turísticos, como la rehabilitación de espacios deteriorados, la protección de parques naturales y del patrimonio histórico.

La implantación de la ecotasa enfrenta al Gobierno socialista con la oposición del PP y el Ejecutivo central. El vicepresidente económico, Rodrigo Rato, ha llegado a culpar a este tributo de la caída de número de visitantes extranjeros al archipiélago, que en 2002 descendió un 6,7%. El portavoz del Gobierno balear, Antoni Garcías, rechazó que se esté estudiando la rebaja del impuesto turístico o su suspensión temporal para paliar los efectos sobre el turismo de un agravamiento del conflicto prebélico con Irak, informa Efe.

Las empresas turísticas también están preocupadas. De hecho, parte del sector ha rechazado la implantación del impuesto. La Federación Hotelera de Mallorca recurrió en septiembre el pago del tributo ante el Constitucional, aunque debió para ello presentar avales que garanticen el pago del tributo. El Gobierno central también la ha recurrido.

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