España rechaza que se eleve el límite de déficit a los países con menor deuda
El Gobierno español sigue apostando por la tesis de mantener el rigor fiscal ante épocas de coyuntura delicada como la actual.
La secretaria de Estado de Presupuestos, Elvira Rodríguez, rechazó ayer la posibilidad de vincular el déficit público de los países comunitarios a la evolución de su propio endeudamiento. En concreto, se mostró contraria a la idea apuntada por algunos países y prestigiosos institutos de coyuntura (como el Ifo alemán), de permitir un mayor déficit fiscal (el límite impuesto por la UE es de un 3% del PIB) para los Estados que tengan un menor ratio de endeudamiento, y viceversa, mayor deuda para los que cuenten con menor déficit. 'Este tipo de ideas sólo conducen a largo plazo a más déficit y más deuda', dijo en unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie). Los países con menores ratios de deuda son Luxemburgo, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca y Suecia.
Francia y Alemania (advertidos por Bruselas por su elevado déficit en 2002) y España se encuentran dentro del límite permitido por el Ejecutivo comunitario (una deuda en torno al 60% del PIB).
Frente a la tesis alemana favorable a una relajación de la disciplina presupuestaria en la UE si ello fuera necesaria por efecto de un conflicto bélico con Irak, Rodríguez insistió en que el Pacto de Estabilidad tiene la suficiente flexibilidad como para hacer uso de ella sin necesidad de reformas mayores. 'Un hipotético deterioro económico derivado de una guerra es una circunstancia excepcional, que se incluye en lo contemplado por el pacto, al igual que sucesos como el hundimiento del Prestige', dijo.
En esta línea, dio por hecho que Bruselas ha autorizado al Gobierno español a excluir para el cómputo de criterio de déficit excesivo (no más del 3% del PIB) los gastos derivados de la catástrofe del petrolero. El Ministerio de Hacienda ya aplicó 265 millones de euros con cargo a los Presupuestos de 2002. Para este año, ha reconocido un gasto extraordinario de, al menos, 6.000 millones de euros.