Las empresas podrán deducir el 10% por las ayudas a discapacitados

El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Protección del Patrimonio de las Personas con Discapacidad. Nace así una nueva figura jurídica, con el ánimo de garantizar el futuro de más de un millón y medio de personas con diferente grado de minusvalía. Pueden constituir este patrimonio o bien la propia persona con discapacidad que vaya a ser beneficiaria del mismo o sus padres o tutores.

El texto permite que las empresas puedan realizar aportaciones, dinerarias o no, a los patrimonios protegidos de sus empleados discapacitados o a los parientes con minusvalías de los trabajadores, con un límite de 8.000 euros anuales para cada uno de ellos. Esta aportación da derecho a una deducción de un 10% en la cuota del impuesto sobre sociedades. Asimismo, se establecen bonificaciones fiscales para los familiares. Los parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado, el cónyuge y los tutores o acogedores de una persona con discapacidad podrán deducirse del IRPF un máximo de 8.000 euros anuales por las aportaciones que realicen a un patrimonio protegido.

El texto regula también la figura de la autotutela (posibilidad de que una persona, en previsión de una futura incapacitación, pueda designar un tutor para sí mismo). El anteproyecto de ley, que ha sido remitido al Consejo Económico y Social y a la Fiscalía General del Estado, establece que no podrán heredar de un persona con discapacidad los parientes que no le hayan prestado las atenciones debidas en vida.