La batalla del PER se traslada a la publicidad
Un agricultor y su hijo se interrogan sobre la futura cosecha. '¿Será buen año, padre? No lo sé, hijo'. Una voz en off añade a continuación en este anuncio televisivo que lo único seguro es que 'con la renta agraria que sustituye, prácticamente sólo en el nombre, al antiguo PER, la prestación por desempleo que reciben los jornaleros en Andalucía y Extremadura, los trabajadores del campo que necesiten prestación la tendrán'.
El anuncio, con versiones en periódicos y revistas, así como en vallas de Andalucía, forma parte de una campaña publicitaria financiada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en Andalucía y Extremadura. Paralelamente, en los mismos periódicos o, segundos más tarde, en las mismas cadenas televisivas aparece otro anuncio firmado por la Junta de Andalucía que asegura que 'gracias al esfuerzo de todos, el espíritu del PER sigue vivo'.
La Junta de Andalucía ha invertido aproximadamente un millón y medio de euros en su campaña. El Ministerio de Trabajo se ha negado a facilitar información o valoración alguna sobre su campaña, pero ésta tiene mayor alcance que la de la Junta.
Lo paradójico es que este último frente de la batalla por el PER se está librando precisamente tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CC OO el mes pasado. En virtud de este acuerdo, el departamento de Eduardo Zaplana prácticamente da marcha atrás en la propuesta inicial del Gobierno de acabar con el PER.
El secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, afirma que 'el Gobierno pretende atribuirse en el último momento la paternidad de algo contra lo que ha luchado en los últimos diez meses'. A su juicio, los anuncios inducen también a confusión porque parecen ir dirigidos a propietarios agrícolas y no a jornaleros.
No es la primera vez que Junta y Gobierno dirimen sus diferencias con estas campañas. El consejero andaluz de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, ha enviado una carta a los pensionistas anunciando una subida de las pensiones no contributivas que tiene recurrida el Gobierno.