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Hacienda

La directiva sobre fiscalidad del ahorro sólo recortará el fraude del pequeño inversor

La vía abierta por Hacienda para negociar con los paraísos fiscales está en sintonía con la propuesta de directiva sobre fiscalidad del ahorro, que se aprobará en marzo.

Las negociaciones en el seno de la UE no han conseguido eliminar el secreto bancario, pero han supuesto un verdadero avance. 12 de los 15 Estados se comprometen a partir de 2004 a intercambiar información sobre cuentas bancarias abiertas en sus territorios por no residentes. Los otros 3 -Bélgica, Luxemburgo y Austria- quedan fuera, pero están dispuestos a someter una retención en la fuente para estas cuentas, del 15% hasta 2006, del 20% hasta 2009 y del 35% desde enero de 2010, similar a la que impondría Suiza, Mónaco, Liechtenstein, San Marino y Mónaco, según la negociación paralela que se ha mantenido con terceros países.

Los fiscalistas juzgan muy positivo este avance. 'La directiva reducirá el fraude y la elusión a pequeña escala, ya que una retención del 35% será disuasoria para pequeños inversores que ahora trasvasan sus ahorros de un país limítrofe a otro. En cambio, no servirá para eliminar las grandes tramas de fraude, con fuertes incentivos a ocultar fondos, a pesar de la retención', admite el socio del bufete Garrigues Eduardo Gracia. El paquete fiscal servirá también para elevar la recaudación tributaria, sobre todo, en los países grandes.

Alerta en Gibraltar

Además, Bélgica, Luxemburgo y Austria están dispuestos a someterse también al régimen de intercambio de información si Bruselas consigue que Suiza haga lo propio en un futuro, en un modelo similar al que está negociando la CEOE con los paraísos fiscales. Otra ventaja de la directiva es que los 10 países candidatos a la ampliación deberán adaptarla a sus respectivas legislaciones, al tratarse de acervo comunitario.

En España, el Gobierno sigue muy de cerca los movimientos de Gibraltar. La Comisión Europea ha confirmado que la administración gibraltareña deberá cumplir íntegramente la norma como territorio comunitario que es. Pero el Gobierno de Peter Caruana está presionando a Londres para que logre un trato más favorable para la Roca, antes de que en marzo se dé el visto bueno definitivo a la directiva.

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