Escándalo en los estudios de opinión
El conocimiento de la manipulación de datos de los sondeos de la Generalitat de Cataluña correspondientes a febrero de 1998, en los que se ocultó que Maragall superaba en calificación a Pujol; de julio de 2000, donde se ocultó la elevada calificación de Piqué, y de enero de 2001, en el que se trastocaron los datos para propiciar el nombramiento de Artur Mas como candidato a la presidencia, supone un serio revés a la credibilidad de este tipo de estudios estadísticos que, en principio, tienen el extraordinario valor de reflejar lo que piensan los ciudadanos en cada momento sobre todo tipo de cuestiones, incluidas algunas tan importantes y actuales como la eventual participación nada menos que en un conflicto bélico.
Los sondeos de opinión son muy sensibles a posibles manipulaciones porque su proceso de elaboración es complejo, exigen simplificaciones conceptuales, requieren tratamientos mediante equilibrajes de la muestra e imputaciones, han de vencer recelos de los entrevistados y, por si ello fuera poco, han de hacer frente a niveles de no respuesta o indecisión muy superiores a los habituales en estudios estadísticos que se centran en otras cuestiones más objetivas y materiales, como la actividad económica, el consumo, el equipamiento, etcétera.
Precisamente por todas estas dificultades, tanto la metodología como el tratamiento de datos debe ser transparente, sobre todo en la fase de imputación, que es donde resulta más fácil manipular la información. En este sentido, debieran publicarse siempre las respuestas originales, otorgando igual validez a quienes tienen forjada una opinión y a quienes muestran su indecisión e incluso su desinterés, y las respuestas que se hayan sometido a procesos de imputación, explicando claramente qué criterios se han seguido para realizarla.
En cualquier caso, si se opta por la imputación, ésta debe realizarse de forma respetuosa con la información objetiva que se ha recogido. Si no existen otros datos de la propia persona que permitan inferir su respuesta en blanco (simpatía, voto anterior, etcétera), se utilizan métodos consistentes en asignar a la persona que no ha facilitado información el comportamiento manifestado por la anterior persona del fichero con su misma tipología. En realidad, siempre que no sea exagerado el número de respuestas en blanco, estos procedimientos no alteran los resultados del estudio puesto que, por mera probabilidad, las imputaciones mantendrán la misma proporción de las respuestas originales y, por tanto, su distribución de frecuencias.
Pues bien, vulnerando todo principio de rigor y objetividad, en el estudio de la Generalitat correspondiente a enero de 2001, al 5,8% de ciudadanos que no contestó o no sabía cómo calificar a Maragall se le imputó una calificación de cinco puntos, aparentemente neutral como valor medio en una puntuación de 0 a 10, pero que no respetaba la distribución inicial de sus calificaciones, en las que resultaba el político mejor valorado con una nota media de 6,7 puntos.
Por si esto fuera poco, además de modificar también a la baja las calificaciones de otros políticos como Antoni Duran que competía con Mas como candidato, se estimó una puntuación para Jordi Pujol, sobre quien no se había preguntado qué calificación merecía, trasladándole las valoraciones que había recibido su Gobierno del siguiente modo: al 3,8% de 'no sabe-no contesta' se le imputó una calificación de 8 puntos para Pujol y al 3,4% que habían calificado al Gobierno con un sonoro suspenso de dos y de tres puntos se le asignó que calificaban al President con un sobresaliente de 9 puntos. Con ello se consiguió que la nota media de Pujol, de 6,6 puntos, igualase a la corregida nota media de Maragall, que se había hecho bajar una décima con la citada imputación.
Se puede entender la rabia de quienes, desde sus puestos de responsabilidad, observan lo injustos que son esos ciudadanos que se permiten calificarles con suspensos y mostrarse en desacuerdo con su gestión. Pero es menos comprensible que, en vez de reflexionar sobre las razones que asisten a la gente para rechazar sus planteamientos, opten por falsear sus propias encuestas para que parezca que los ciudadanos piensan de modo distinto a como lo hacen en realidad.