La Junta de Andalucía acuerda recurrir la Ley Financiera
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó hoy interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley Financiera al considerar que invade competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma en materia de cajas de ahorros, según adelantó la consejera de Economía, Magdalena Alvarez.
La consejera recordó que el Estatuto de Autonomía y la Constitución establecen para la Comunidad Autónoma la competencia "exclusiva" en materia de instituciones de crédito, por lo que la Junta considera que la modificación de la LORCA (Ley de Organos Rectores de Cajas de Ahorros) a través de las enmiendas introducidas en la ley estatal "vulnera el Estatuto y la Constitución".
El artículo 8 de la Ley Financiera abre la posibilidad de que el Ministerio de Economía ejerza atribuciones ejecutivas en las cajas de ahorro que tienen a la Iglesia Católica como fundadora directa -el caso de CajaSur-, precepto que en opinión de la Junta vulnera el artículo 18.1 del Estatuto de Autonomía, ya que otorga al Estado una competencia "ejecutiva" que corresponde ejercer a la comunidad, según Alvarez.
La consejera reconoció que el Tribunal Constitucional admite esta posibilidad de forma excepcional, pero subrayó que en este caso no existe un fin objetivo que la justifique, como se desprende del hecho de que la atribución no sea automática sino que dependa de la decisión de la caja, que pasaría a la tutela del Gobierno si así lo solicita, según el citado artículo 8.
Otro de los apartados que recurrirá la Junta se refiere al trato diferenciado que se otorga a las cajas fundadas por la Iglesia en virtud del Concordato de 1979 entre España y el Vaticano, lo que es rechazado por la Junta al considerar que la aplicación de un acuerdo internacional no puede justificar la alteración del sistema de distribución competencial establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
"La Junta recurre este apartado porque no creemos que ese acuerdo sea de aplicación, ya que las cajas andaluzas tienen una naturaleza financiera, mientras que las entidades que están en el Concordato son benéfico-asistenciales", argumentó la consejera, quien agregó que incluso aunque este acuerdo fuera de aplicación "no modifica la distribución de competencias, que en este caso están bajo los efectos de la comunidad autónoma".