Economía estudia recortar el derecho de voto de la italiana Eni en Fenosa Gas

El Gobierno podría aplicar de oficio la limitación de los derechos políticos al grupo italiano Eni en Fenosa Gas, en donde ha adquirido el 50% del capital. Esta restricción se basaría en la aplicación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado del año 2000, que permite ese recorte en el sector energético, en caso de que la empresa compradora esté participada significativamente por el Estado o instituciones públicas de otro país.

Según medios consultados, es muy probable que el Gobierno se decante por esa medida, de aplicación automática, que luego debería ser recurrida por las empresas afectadas. La norma, que reduce al 3% los derechos de voto de los accionistas con participación estatal, afectó a la portuguesa EDP y a la alemana EnBW, controlada por æpermil;lectricité de France (EDF), cuando tomaron la mayoría de Cantábrico. Posteriormente, el Ministerio de Economía optó por levantar las citadas trabas después de sendos pactos con los Gobiernos francés y portugués para ampliar las interconexiones eléctricas con España, en el caso de Francia, y para acelerar la creación del mercado único ibérico, en el caso de Portugal.

La operación de compra de Unión Fenosa Gas por el Eni, que se pactó el pasado año, cierra este mes los trámites internos pendientes. Entonces la transacción será remitida oficialmente a las autoridades españolas y comunitarias; Fenosa esperaba tener la aprobación el próximo mayo.

Para Fenosa, que ha prolongado el proceso de selección del comprador de su filial gasística durante meses, este acuerdo es el más importante de su programa actual, que prima la reducción de la deuda financiera.

El pacto le permite, además, compartir los riesgos e inversiones asumidos en el proyecto gasístico, especialmente en Egipto, en donde participa en la construcción de una planta de licuefacción.

La citada normativa de la Ley de Acompañamiento, contenida en la disposición adicional vigésima séptima, señala que 'las entidades o personas de naturaleza pública (...) participadas mayoritariamente o controladas en cualquier forma por entidades y Administraciones públicas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, que directa o indirectamente tomen el control o adquieran participaciones significativas de sociedades de ámbito estatal, que realicen actividades en los mercados energéticos, no podrán ejercer los derechos políticos correspondientes a dichas participaciones'.

Lo que ya ha señalado el Ministerio de Economía, a través de José Folgado, secretario de Estado de Energía, es que no considera conveniente que el grupo italiano controle una participación 'relevante' en el mercado energético español debido a que cuenta todavía con una fuerte presencia del Estado en su capital. 'No es lógico que nosotros privaticemos', señaló, 'para que venga otro gobierno a gobernarnos nuestro sector eléctrico', añadió. 'El Estado tiene que jugar un papel (como regulador), pero no dedicarse a producir kilovatios', aseguró en una entrevista con Reuters.

No obstante, Folgado indicó que 'no se puede impedir el ingreso de una empresa que está participada en un 30% por el sector público', en referencia al Eni. 'Pero nuestra opinión es que no puede controlar el sector de manera relevante; una cosa es una participación minoritaria, no relevante', agregó.

La declaración de Folgado se produce pocas semanas después de que el regulador del sector, la Comisión Nacional de la Energía (CNE), consideró en un informe que el crecimiento en España del Eni puede causar un desequilibrio debido a que el Estado italiano es su principal accionista.

Además, la expansión del grupo italiano se está dando por dos vías. Por un lado, su filial petrolera Agip se embarcó recientemente en compra de gasolineras para quedarse con una cuota de mercado de productos petrolíferos próxima al 5%. Por otro, Eni adquirirá el 50% de la filial gasística de Fenosa, a través de la aportación de 440 millones de euros para una ampliación de capital.

Por otro lado, el Gobierno podría posponer más allá de fin de año la venta del 18,5% del Estado en Red Eléctrica de España (REE) si no se dan las condiciones del mercado, a la vez que daría tiempo a los accionistas, las eléctricas, para que reduzcan sus participaciones al 3% desde el 10%, en una operación que se iba a realizar este año. Pero Folgado dijo que 'pueden hacerlo cuando quieran'.