El apunte de la jubilación de directivos fuerza el retraso de la junta del SCH
El Santander Central Hispano (SCH) ha suspendido la junta general de accionistas que tenía prevista celebrar el próximo 22 de febrero, y que iba a convocarse oficialmente ayer. El banco anunció su decisión a las 21.30 horas de la noche del miércoles a más de 100 directivos del SCH, y ayer lo hizo a todos los empleados.
En un escueto comunicado, el Santander explicaba, como publicaron ayer El País y Abc, que el banco había optado por aplazar la junta de febrero a junio, por lo que este año sólo se iba a celebrar una.
Hasta ahora, el Santander Central Hispano era uno de los pocos bancos que tradicionalmente celebraban dos juntas de accionistas al año, una extraordinaria en febrero y otra ordinaria en junio. Un esquema que este año ha decidido modificar sólo a tres días de que se cumpliera la fecha límite para su convocatoria oficial, ya que, según la ley, se debe informar a través de un periódico nacional y otro de alcance local 15 días antes de su celebración.
Ante la sorpresa que produjo en los mercados y en el sector financiero esta noticia, los portavoces del banco intentaron ayer quitar hierro a la decisión, al afirmar que existe de plazo para convocar la junta hasta el 30 de junio, y que dentro de este periodo el banco puede convocarla cuando quiera. E insistieron en que no es nada anormal el aplazamiento de una junta que ni siquiera se había comunicado oficialmente.
Fuentes financieras, sin embargo, aseguraron ayer que el motivo es la indemnización de unos 113 millones de euros percibida por el ex consejero delegado del banco Ángel Corcóstegui, jubilado en febrero de 2002, y es en la memoria de ese año donde figura dicha retribución.
El SCH teme, según dichas fuentes, que este apunte pueda permitir a un grupo de accionistas utilizar los mismos argumentos que en el caso de la salida de Amusátegui. Varias fuentes aseguraron ayer que en la memoria de 2002 figura una partida por unos 113 millones, que corresponden a la salida por jubilación de Corcóstegui, que se explican en un 50% entre su retribución y una provisión para retribuir a su mujer en caso de viudedad. El banco reconoció la existencia del pago a Corcóstegui, aunque no quiso comentar la cuantía.
El Santander tiene dos procesos judiciales abiertos. Uno de ellos data de julio de 1992, referido a las cesiones de crédito y se encuentra en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El segundo es más reciente, de noviembre de 2002, y es el que, según varias fuentes consultadas, ha sido el principal motivo del aplazamiento de la junta, punto no confirmado por el banco.
El presidente del SCH, Emilio Botín, esperaba acudir a la junta de accionistas con el caso de las retribuciones al ex copresidente del banco José María Amusátegui, abierto en la Audiencia Nacional, solucionado, puesto que todo indica que el fiscal del caso, Jesús Caballero, pedirá a la jueza Teresa Palacios el archivo del mismo.
El cierre de este caso evitaría que el abogado y accionista del SCH Francisco Franco Otegui, relacionado con Rafael Pérez Escolar, ex consejero de Banesto y condenado por el caso Banesto junto a Mario Conde, utilizara nuevamente los argumentos que promovieron la querella contra Botín y Amusátegui, para poner bajo sospecha también la remuneración percibida por Ángel Corcóstegui, a su salida del grupo.
Este grupo de accionistas ya se ha querellado contra el Santander en 24 ocasiones, aunque no han prosperado ninguna de sus demandas. La última querella de Franco Otegui acusa a Botín y a Amu-sátegui de delito societario por el cobro de 43,7 millones por su marcha adelantada del banco. CC OO y UGT alertaron de la ¢inquietud¢ e ¢intranquili-dad¢ que provoca la supresión de este acto, decisión que, al no haber sido justificada por la entidad, puede alentar todo tipo de rumores. ¢No nos parece malo si convocan o no la junta, sino que cambien los planes y que se generen todo tipo de especulaciones que producen intranquilidad¢, señaló CC OO.