Protección de Datos deja de recibir fondos públicos y sólo se financia con las multas
Una deficiente autofinanciación de la Agencia de Protección de Datos podría poner en peligro su imagen de independencia. Es la reflexión que ayer hizo el director de la APD, José Luis Piñar, ante los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, donde presentó la memoria del organismo referente al año 2001.
Hasta 2002 la APD contaba con dos fuentes de financiación para un presupuesto anual que alcanza los 3,8 millones de euros. Una, las transferencias del Estado (casi dos millones de euros en 2001), y otra, la recaudación por sanciones (9,6 millones de euros). A partir de 2003 la agencia se financia sólo con la recaudación de las sanciones que impone, ya que se ha suprimido la financiación pública. Ante esta situación, José Luis Piñar dijo en el Congreso: 'No sé hasta qué punto la independencia de la APD puede quedar garantizada si sólo puede beneficiarse con los ingresos de las sanciones'. Piñar matizó que la independencia siempre se salvaguardará, aunque si la agencia sólo depende de las sanciones, 'podría trasladarse la idea o la imagen de que como se tiene que autofinanciar tiene que sancionar'. Piñar, añadió entonces que 'sería posible establecer una tasa objetiva y proporcionada acorde con el servicio real prestado', en relación con la inscripción de ficheros. Al día se inscriben 200 ficheros y anualmente se registran 70.000 operaciones de registro.
Piñar insistió en el Congreso que su proyecto en la agencia pasa por poner en marcha políticas de prevención para un mejor conocimiento de la legislación en esta materia y evitar así las sanciones. Se impulsarán códigos de conducta y se harán campañas de concienciación para que se cumpla la normativa. Si estas medidas de prevención funcionan, las sanciones se reducirán y por lo tanto la financiación será más escasa, según dijo el director de la APD, que por esta razón propone el cobro de tasas, un modelo de financiación que se discute internamente en la agencia desde hace tres meses.
Para Carlos Sáez, abogado asociado del bufete de Garrigues, 'la alta cuantía de las sanciones siempre ha despertado susceptibilidades en el sector. Por esto, creo que no sentaría muy bien la imposición de tasas, porque ya están bastante susceptibles con los importes de las sanciones, que oscilan entre los 600 y los 600.000 euros'. Carlos Sáez, sin embargo, 'no considera que la autofinanciación por sanciones ponga en peligro la independencia de la agencia, aunque sí podría haber dudas en casos concretos'.
Miguel Valdés, también abogado asociado de Garrigues, destaca que 'hay muchas pequeñas y medianas empresas que aún no han inscrito sus ficheros y la imposición de una tasa puede que les haga retrasar la inscripción'.
La inspección aumentó
En opinión de Maite Pérez Piérola, abogada de Audea Seguridad de la Información, 'es práctica habitual en nuestro país el cobro de una cantidad dineraria en concepto de tasas a la hora de proceder a la inscripción o consulta ante los diferentes registros, por lo que siguiendo dicha consideración, no resulta desproporcionada la propuesta del director de la agencia'.
Javier Aparicio, abogado y consejero de Cuatrecasas (Grupo Derecho Nuevas Tecnologías), opina que la autofinanciación de la APD con lo que se recauda de sanciones 'reduce enormemente la independencia y es escandaloso. Es el único supuesto que en la actualidad hay en España. Antiguamente este sistema funcionaba en Hacienda y en la Guardia Civil, pero desapareció hace muchos años porque precisamente se cuestionaba la independencia de las instituciones'.
Javier Aparicio añade que la imposición del cobro de tasas 'es muy complicada su regulación desde el punto de vista técnico. Habría que tramitar una ley que no es fácil ni rápida ni barata, además creo que no sería sustancial la cantidad que se recaudaría'.
En cuanto a la memoria, Piñar informó que durante 2001 'hubo un importante incremento de la actividad inspectora', un 27% mas que en el año anterior y se terminó un 87% más de investigaciones.
Durante 2001 se iniciaron 138 procedimientos sancionadores a responsables de ficheros privados. Se concluyeron 65. Por infracciones de las Administraciones públicas se abrieron 80 procedimientos y se finalizaron cinco. 210 investigaciones fueron archivadas.
Los sectores que más procedimientos sancionadores acumularon fueron el de solvencia patrimonial y crédito (35) , entidades bancarias y financieras (28) y empresas de telecomunicaciones (28). Las Administraciones locales fueron las que más infracciones acumularon (67).
Washington exigirá datos reservados de pasajeros de avión
A raíz de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos desplegó toda clase de medidas para evitar ataques terroristas. Para controlar el tráfico aéreo de personas puso en marcha el llamado sistema APIS (Sistema Avanzado de Información de Pasajeros). Este sistema consiste en facilitar a las autoridades aduaneras los datos personales de los pasajeros que viajan o hacen escala en EE UU. En un principio sólo se planteaba solicitar el nombre y apellidos de los viajeros, pero luego se acordó transferir todos los datos de la reserva por parte de las compañías aéreas. La UE ha negociado con EE UU la aplicación de esta normativa y ha conseguido demorarla un mes por razones estrictamente técnicas, que no de fondo, por lo que las exigencias de los estadounidenses serán obligatorias a partir del próximo 5 de marzo, salvo que se negocie una nueva demora. El director de la Agencia de Protección de Datos, José Luis Piñar, señaló que la obligación de aportar todos los datos de la reserva supone ofrecer información, por ejemplo, sobre la religión que practican los pasajeros (se podría averiguar si pide una comida especial, los musulmanes no comen carne de cerdo) o datos sobre la salud (si pide un asiento u otro). Por ello, la agencia muestra su preocupación al igual que la UE. Temen que no se llegue a garantizar la protección de los datos personales. Piñar explicó a Cinco Días que ha mantenido 'relaciones muy estrechas y muy fructíferas con Iberia para resolver este asunto, ya que queremos garantizar que los pasajeros sean conscientes de que sus datos se van a transferir a Estados Unidos y estamos viendo la fórmula para transferirlos con su consentimiento'. Piñar señaló ante los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que es un asunto que no ha llamado mucho la atención pública, pero que es de gran importancia.