El sector financiero rechaza de plano la directiva de créditos al consumo
La oposición a la directiva propuesta por la Comisión Europea (CE) para armonizar y endurecer el sistema de créditos al consumo es tajante. Las federaciones europeas de banca y establecimientos financieros de crédito, entre otras, han firmado un documento en el que reclaman numerosos cambios en la norma, que consideran 'perjudicial' para mantener el equilibrio entre la mayor protección al consumidor y la eficiencia del sistema financiero. El documento fue presentado y debatido ayer por representantes españoles del sector en unas jornadas organizadas por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Calificaron la norma de 'intervencionista'.
Las entidades rechazan de plano asumir una responsabilidad conjunta con los establecimientos (tiendas o academias de idiomas, por ejemplo) que ofrecen financiación de bienes y servicios que no llegan al cliente. El sector alega que 'aumentaría el riesgo' del crédito. Lo mismo argumenta para rechazar que el usuario pueda devolver el bien en 14 días.
Apoyo del Banco de España
Se opone a ampliar los tipos de interés de referencia, aparte de la TAE, y a la figura de crédito responsable, por la que tendrían que asumir una mayor responsabilidad por calificar la solvencia del cliente y estarían obligadas a asesorarle. También rechaza no poder utilizar las bases de datos para fines distintos a la concesión del préstamo (por ejemplo, la venta de otros productos) y a destruir la información una vez concedido.
'La sobreprotección puede llevar a que se perjudique globalmente el sistema de créditos al consumo', señaló categóricamente Pedro Guijarro, presidente de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) y consejero director general de HBF, filial de financiación del SCH. Guijarro advirtió también que encarecer el sistema repercutirá en el cliente.
El Banco de España respaldó parcialmente al sector. Reconoce que hay que mejorar la protección al consumidor, pero no ve bien que la armonización europea se haga mediante una directiva que no reconozca las peculiaridades de cada Estado. José Manuel Gómez de Miguel, subjefe de la oficina de instituciones financieras, criticó el uso restrictivo de las bases de datos ante la mayor exigencia de conocer al cliente que impondrá el acuerdo de capital Basilea II.