La ciudadanía argentina recurre la subida de las tarifas del gas y la electricidad
La subida de las tarifas del gas y la electricidad, aprobadas por el Gobierno de Eduardo Duhalde el miércoles a última hora, han recibido una fuerte contestación social. Varias asociaciones de consumidores y el Defensor del Pueblo han presentado ya recursos de amparo contra la medida, que consideran 'anticonstitucional'.
El decreto aprobado es idéntico al de noviembre y establece un aumento promedio del 7,2% para el gas, el 9% para la luz y una tarifa social para que las subidas no afecten a los sectores que consumen menos. La medida tomada en noviembre fue suspendida por los tribunales.
Frente a la rebelión de los consumidores, las empresas que suministran estos servicios públicos, muchas de ellas españolas, advierten que no pueden garantizar la calidad de la prestación con unas tarifas que están congeladas desde la devaluación del peso, aprobada hace un año. De la paridad uno a uno con el dólar, que registraba el peso entonces, la moneda estadounidense ha pasado a venderse ahora a 3,29 pesos.
El jefe del Gabinete de Ministros, Alfredo Atanasof, reconoció que el aumento 'no responde ni de lejos a la demanda de las empresas, que pedían aumentos mucho más elevados'. Atanasof explicó que la medida es transitoria, hasta que concluya la negociación con las empresas.
El responsable del Gabinete de Ministros cree que la medida sólo afectará 'a la mitad de los usuarios', ya que el resto estará incluido en la tarifa social, más reducida, por tener un consumo bajo.
El acuerdo crediticio que Argentina ha estado negociando un año con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pasaba por un aumento del 20% al 30% de las tarifas. Finalmente, el FMI aceptó aplazar hasta agosto de este año el vencimiento de las deudas, lo que ha abierto la vía al desembolso de algunos créditos que estaban congelados. De hecho, el acuerdo establece que una misión técnica del FMI y del Banco Mundial analizará en febrero la situación financiera de las compañías de servicios públicos y colaborará en el desarrollo de 'un nuevo marco regulatorio que podría reemplazar los controles de precios y tarifas actuales'.
Entre las empresas extranjeras que operan en los mercados de electricidad y gas destacan Repsol YPF, Endesa, æpermil;lectricité de France, Totalfina Elf y British Gas.
Aunque el incremento es muy inferior al objetivo de las empresas suministradoras del servicio, no deja de ser un duro golpe para los ciudadanos. La mitad de los 36 millones de argentinos vive en la pobreza, el 17,8 de la fuerza laboral está en el paro y los precios minoristas han subido un 41% en 2002.
Al conflicto derivado del aumento de las tarifas, se suma un nuevo enfrentamiento con las asociaciones de piqueteros, los grupos de desocupados que protestan con cortes de calles. Los piqueteros, apoyados por la Central de Trabajadores Argentinos, preparan una nueva oleada de protestas en los grandes centros urbanos para el próximo lunes.
El enfrentamiento se produce porque estas asociaciones han sido excluidas del reparto de subsidios de 150 pesos mensuales (44,5 dólares) que benefician a casi dos millones de desempleados.