EE UU renuncia a imponer su código ético a los abogados extranjeros
La Comisión de Valores de EE UU (SEC) ha rectificado parcialmente la norma que obligaba a cualquier abogado que asesorara a empresas cotizadas en EE UU a denunciar incumplimientos de la normativa o prácticas fraudulentas. La SEC, que ha cedido a las críticas y presiones de los diferentes sectores, ha excluido de la mencionada exigencia a los abogados extranjeros, salvo que asesoren a empresas que coticen en la Bolsa de EE UU y actúen sin la colaboración de un letrado estadounidense. La rectificación ha sido acogida con satisfacción por los abogados europeos.
La SEC ha usado pies de plomo en uno de los aspectos más polémicos de la reglamentación de la ley Sarbanes-Oxley con el fin de no volver a soliviantar a los no estadounidenses. En el apartado correspondiente a la actuación de los abogados en las empresas como delatores de una posible conducta fraudulenta de la empresa, el regulador de los mercados ha excluido a los abogados extranjeros.
Según la redacción preliminar dada a conocer por este organismo, 'los abogados extranjeros que no ejerzan en EE UU y que no tengan relaciones con clientes con respecto a leyes americanas no estarán afectados por esta ley'. Si estos abogados extranjeros se dedican al consejo legal en EE UU con empresas estadounidenses y ante el regulador del mercados, sí que les afectará la regulación, a no ser que además provean servicios con un socio americano. En ese caso, será el socio el que responda.
La excepción no es baladí porque la SEC se ha metido en las pantanosas aguas de la relación abogado-cliente, ya que dispone que un letrado informe al consejo y al equipo directivo si hay una conducta delictiva dentro de la compañía. En caso de que así sea y no se tomen las medidas para acabar con la situación, se espera que el abogado dimita y el consejo explique por qué a la SEC.
Las leyes deontológicas como el secreto profesional que rige el ejercicio de la abogacía en toda la UE y el hecho insólito, según los expertos, de que EE UU pretendiera imponer normas éticas a profesionales de otros Estados han sido los dos aspectos que han centrado las protestas de los abogados europeos. El rechazo a las normas de la SEC era unánime y contundente. Unas críticas que al final han surtido efecto.
El Consejo europeo de la Abogacía acogió con satisfacción la decisión de la SEC estadounidense de excluir del ámbito de aplicación de su nuevo código de conducta a los abogados radicados en un tercer país. EE UU ha suprimido, tal y como demandaba el Consejo Europeo, el carácter extraterritorial que presentaban sus nuevas normas profesionales.
Los letrados europeos sólo estarán sujetos a la norma estadounidense en el improbable caso de que actúen en EE UU sin la colaboración de un abogado radicado en aquel país. 'Damos la bienvenida a la noticia de que la SEC ha escuchado el punto de vista no sólo del Consejo europeo de la Abogacía, sino también de la mayoría de organizaciones de abogados de EE UU', señaló en Bruselas el presidente del Consejo, Helge Jakob Kolrud.
Un precedente
La SEC, sin embargo, mantiene su intención de restringir severamente el derecho de los abogados al secreto profesional, aunque ha concedido un plazo adicional de 60 días para que los interesados presenten alegaciones a la nueva norma. Jonathan Goldsmith, del Consejo Europeo de la Abogacía, muestra desde Nueva York su 'preocupación' ante esa posibilidad, aunque 'no nos ataña directamente'. La decisión de EE UU puede suponer un precedente para limitar un privilegio que reconocen los países de la UE.
El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martín Mingarro, manifestó su satisfacción por la rectificación de la SEC, pero opina que 'si ahora en EE UU han empezado a percibir la gravedad trágica de la acción del terrorismo o el aspecto corruptor y degradante del tráfico y blanqueo de los dineros procedentes del delito, tendremos que convencerles entre todos de que en esa lucha no podrán arrollar los valores trascendentes del sistema de justicia que hemos construido. Piedra angular de ese sistema es el secreto profesional del abogado; y ni el inmenso poder de los Estados Unidos ni el que por delegación quiera ejercer la SEC son bastantes para hacer que un abogado español, que un abogado europeo, delate a su cliente. En la vieja Europa ya hemos tenido ocasión de contrastar que quebrantando el secreto profesional con la coartada de luchar mejor contra el delito lo que se hace es destruir las bases de nuestro sistema de justicia'.
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, afirma que 'la abogacía española apoya el comunicado del CCBE, a favor del status de la justicia en Europa, concretamente en España, que el secreto profesional no sólo es un derecho de todos los ciudadanos, sino un requisito de la justicia porque nuestro sistema pivota sobre la garantía del secreto profesional'.
José María Segovia, del despacho Uría & Menéndez, cree que el nuevo texto de la norma de la SEC 'es plenamente satisfactorio y los esfuerzos de la CCBE han dado resultado y pienso que satisface las pretensiones de la abogacía española y hay que felicitarse por lo que ahora ha hecho la SEC'.
Para Joaquín García Romanillos, del despacho Gómez Acebo & Pombo, las intenciones de la SEC de 'establecer normas para los abogados con carácter mundial es una pretensión que se debe rechazar. El secreto profesional es consustancial con el ejercicio de la abogacía. No se puede convertir al abogado en delator. Aunque la SEC con su nuevo texto deja una espita abierta'.
Las presiones a la comisión de valores y la dimisión del presidente
En cualquier caso, las críticas de los profesionales de la abogacía, así como la presión de las firmas de inversión no han dejado indiferente a la comisión de valores de EE UU. El pasado 21 de enero la SEC acordaba reconsiderar parte de la regulación de la llamada ley Sarbanes-Oxley (para el gobierno de empresas). Reconsiderar la cuestión ha terminado en una rectificación parcial que influye a todos los abogados que no sean estadounidenses o que no estén colegiados en EE UU y asesoren con colegas norteamericanos. El nuevo código ético de la SEC provocó el pasado noviembre la dimisión como presidente de la SEC y ferviente defensor de la normativa, Harvey Pitt. El presidente de EE UU, Georges Bush, propuso el pasado 10 de diciembre como sucesor a William Donaldson, nombramiento que aún no ha sido aprobado por las dos Cámaras del Congreso. Gracias a la presión de los colegios de abogados e incluso de instancias europeas, se ha evitado que se obligue al propio abogado a dar explicaciones a la SEC. No obstante, esta provisión no se ha desestimado, sino que se ha dilatado su adopción 60 días. Los abogados de EE UU han manifestado ya su temor de que incluso tal y como ha quedado la regulación se produzca una ruptura de la confianza entre letrado y cliente, algo que necesariamente creen que acaba en la menor comunicación y, por tanto, detrimento de la labor del abogado. En opinión del abogado del despacho Cuatrecasas y director de la oficina en Nueva York, Javier Villasante, la norma rectificada por la SEC es 'un ejemplo más de la extraterritorialidad de Estados Unidos desde el atentado del 11 de septiembre y de los escándalos Enron y Worldcom'. Para este abogado, la SEC ha estado en 'el filo de la navaja en cuanto a vulnerar el secreto profesional, aunque estas normas pretenden proteger al inversor'.