División ante las herencias
El anuncio por parte de máximos responsables del Partido Popular de que se está estudiando la eliminación del impuesto de sucesiones ha levantado una oleada de protestas en las filas socialistas. Sin embargo, todo parece indicar que se trata de una tormenta en un vaso de agua. Ya cuando el Gobierno que presidía entonces Felipe González presentó el proyecto de Ley del actual Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones -posteriormente modificado-, reconoció que el mantenimiento de ese tributo se debía más a cuestiones de ética que de recaudación. Ahora, quince años después, se tiene la certeza de que no se está ante un tributo trascendental para las arcas del Estado y, además, han crecido y casi se han unificado las críticas de los expertos sobre la idoneidad de su eficacia.
La configuración actual de este impuesto, dicen los expertos, contiene ya multitud de casos especiales, de bonificaciones que llegan casi a dejar sin gravamen las herencias y de discriminaciones en función del tipo de renta que se reciba, al margen de las diferencias en función del territorio. Parece por ello deseable que desde el Gobierno se pretenda actuar en aras de unificar en todo el territorio nacional la norma. De no hacerse, parece claro que se estaría tolerando una situación de agravio comparativo entre comunidades autónomas.
El País Vasco y Navarra, con competencia sobre este impuesto, han ido introduciendo exenciones que hacen que, en la actualidad, las herencias entre cónyuges, ascendientes y descendientes no tributen ni un euro. Vivir al lado de estos territorios en los que no se paga por heredar no es fácil. Cantabria ya ha establecido para este año que las transmisiones de padres a hijos y entre cónyuges no tributen. Y La Rioja ha anunciado que introducirá esta exención parcial en 2004. Poner fin de una manera ordenada a este efecto dominó se antoja necesario, y sería un error político utilizar esta reforma sólo como un reclamo electoral y aplicarla, como ha dicho el PP, sólo a aquellas comunidades autónomas en las que gobierne tras las elecciones de mayo.
Por su parte, el PSOE teme que la supresión parcial de este impuesto vaya a beneficiar a las grandes fortunas. Y ha anunciado que en las comunidades en las que los socialistas gobiernen no va a reformarse el tributo. Sin embargo, según los estudiosos de la ingeniería fiscal, las grandes fortunas ya saben ahora cómo escapar de este impuesto. Para catedráticos, asesores fiscales o notarios, el problema de este tributo está en que es desigual en sí mismo.
Al tiempo, razones de eficiencia, como el hecho de que es posible que a las haciendas autonómicas les cueste más comprobar que los contribuyentes declaran lo que deben que lo que recaudan, aconsejaría su fin total y absoluto. Pero tampoco esta decisión está en manos de las comunidades autónomas. Es el Gobierno central el que tiene capacidad para suprimirlo. Las comunidades autónomas sólo pueden ir poniendo exenciones.