El Gobierno impulsa el arbitraje para zanjar los litigios por derechos de autor
Los continuos conflictos que mantienen las entidades de gestión de los derechos de autor y los usuarios de estos derechos, como son los operadores de radio y televisión, han hecho más que necesaria una nueva normativa sobre materia de propiedad intelectual. Son 7.000 los litigios abiertos.
Mariano Rajoy, vicepresidente del Gobierno, anunció ayer que el Ejecutivo ya cuenta con un borrador de anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que enviará en breve al Parlamento. Rajoy hizo estas manifestaciones en la inauguración de un seminario organizado por The Economist sobre Los derechos de autor en el sector audiovisual: la racionalización del sector.
El vicepresidente del Gobierno explicó que la nueva ley se basa en tres grandes ejes. El primero consiste en la transposición de la Directiva del Derecho de Autor en la Sociedad de la Información y en regular más explícitamente el fenómeno de la digitalización.
El segundo eje se refiere a las acciones legales que se van a articular contra los que traten de eludir las medidas tecnológicas de protección introducidas por los autores en sus obras para evitar su uso sin autorización. Y el tercer eje es el de perfeccionar el sistema de gestión colectiva de los derechos de autor a través de las entidades de gestión.
En este sentido, Rajoy señaló que el Gobierno va a tratar de que 'prime la negociación y el acuerdo entre los usuarios y las entidades de gestión a la hora de fijar las tarifas y otras condiciones generales en el uso de los derechos'. Para los casos en los que no haya acuerdo, se plantea 'reforzar el papel de la Comisión de Propiedad Intelectual como Mediadora y de Arbitraje para que pueda intervenir en cualquier conflicto, así como fijar en algunos supuestos remuneraciones equitativas', apuntó Rajoy.
El Ejecutivo también pretende que los usuarios de derechos de autor cuenten con mejor información sobre la actividad de las entidades de gestión (catálogos y tarifas). El presidente de Uteca (unión de televisiones comerciales asociadas) y de Telecinco, Alejandro Echevarría, afirmó que apoyan la reforma en cuanto establece 'una regulación reforzada para las entidades de gestión de derechos que acabará, sin dudarlo, con los abusos hasta ahora cometidos no sólo en relación con los usuarios, sino con los propios titulares de los derechos y socios de las mismas'. Uteca se mostró de acuerdo en que la Comisión de Propiedad Intelectual actúe como mediadora y árbitro. Es, manifestó Echevarría, 'la única manera de terminar con la enorme conflictividad'. Antonio Mª Ávila, director de la Federación de Gremios de Editores, considera que acudir al arbitraje debería ser obligatorio para las partes.
Para el catedrático de Derecho Administrativo, Santiago Muñoz Machado, el borrador que se conoce aún 'es insuficiente para el sector audiovisual' y está de acuerdo con la fórmula del arbitraje. Antonio Santillana, catedrático en Teoría Económica, se mostró en desacuerdo con la fijación de una cantidad sustitutoria de la tarifa general que prevé la ley. Según este experto, desde el punto de vista económico, es una 'injerencia en el mercado'. Luis Berenguer, miembro del grupo parlamentario del PSOE, aseguró que 'es difícil establecer el precio justo y equitativo en una sociedad de mercado, pero, cuando no existe competencia, como ocurre con las entidades de gestión de derechos de autor, la dificultad es enorme'. Considera que las entidades de gestión son monopolios diferenciados que 'se encuentran en una posición de dominio y con precios abusivos'. Joaquín Leguina, portavoz de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del PSOE, pidió que la nueva ley no reduzca la litigiosidad en contra, únicamente, de los creadores.