Una coalición de obreros y campesinos desafía al Gobierno de Bolivia
Un conglomerado de organizaciones campesinas, de parados, de comerciantes y sindicatos de diferentes regiones de Bolivia dio ayer un plazo de 48 horas al Gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para que atienda sus reivindicaciones.
El mandatario rechazó de inmediato el ultimátum del denominado Estado Mayor del Pueblo Boliviano dirigido por el ex candidato presidencial y productor de coca, Evo Morales, y acusó al movimiento popular de incurrir en el delito de conspiración contra el régimen democrático.
Bolivia vive un estado de convulsión social desde el pasado lunes 13 de enero, cuando los productores de coca comenzaron a bloquear carreteras con el apoyo de maestros, universitarios y otros sectores sociales. El movimiento se ha ido ampliando con el correr de los días y, hasta el momento, siete personas han muerto por la represión de la policía y el ejército.
Los principales reclamos de los campesinos y trabajadores son que se ponga fin al desmantelamiento de los cultivos de coca; un aumento salarial para los obreros; la rebaja de los sueldos de los legisladores y una férrea oposición a la aceptación boliviana del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El manifiesto de las organizaciones que conforman el Estado Mayor fue lanzado a primera hora de ayer lunes en una reunión que celebraron en la ciudad de Cochabamba los dirigentes de trabajadores de fábricas, del sector de la sanidad, colonos, maestros, comerciantes minoristas y el Movimiento Sin Tierra.
Pocas horas después se sumaron a esta posición algunos sectores obreros mineros. El pasado sábado 18 de enero perdió la vida Adrián Martínez, un trabajador de las minas cercanas a la localidad de Huanuni, quien se convirtió así en la séptima víctima desde el inicio del conflicto.
Morales, dirigente del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), se ha mostrado partidario de las negociaciones con el Gobierno, pero se niega a encarar cualquier discusión si ésta implica el levantamiento de las medidas de fuerza. Por su parte, el presidente boliviano se niega a negociar bajo presión y hace caso omiso del plazo de 48 horas que vence mañana a las cero horas.
En caso de que el Gobierno no acepte esta condición, el Estado Mayor exigirá la renuncia de Sánchez de Lozada. La Central Obrera Boliviana (COB) se ha sumado al movimiento popular y las fuerzas militares y policiales están en estado de alerta permanente.