El Gobierno utiliza la reforma penal para endurecer la lucha contra la piratería
La reforma del Código Penal endurecerá la lucha contra la piratería industrial e intelectual. Además de elevar los límites inferiores de las penas previstas para este tipo de delitos, el anteproyecto de reforma del Código Penal presentado el pasado viernes por el Gobierno regula por primera vez los fraudes a través de descodificadores o en teléfonos móviles. Además, no será necesaria una denuncia previa para perseguir este tipo de delitos.
La reforma del Código Penal presentada en el Consejo de Ministros del pasado viernes tendrá una importante influencia en la lucha contra la piratería de la propiedad industrial e intelectual. La intención del Gobierno es adaptar los tipos delictivos a la realidad de las redes de falsificación, que comienzan a afectar seriamente a la industria en España.
Sólo en el ámbito de la propiedad intelectual y en lo referente a la música, algunas entidades de gestión, como la SGAE, cifran las pérdidas por piratería en 180 millones de euros al año. Aseguran que de cada cuatro discos nuevos que llegan a los hogares españoles uno de ellos es una copia ilegal.
La futura reforma prevé un endurecimiento de todas las penas por piratería. Entre otros cambios, la modificación de los artículos 270 y 271 del Código Penal permitirá que se eleve de 6 a 12 meses el límite inferior de las penas por fraude contra la propiedad intelectual e industrial. Además, se ampliará el periodo sobre el que un juez o un tribunal puede imponer la pena de multa, pasando de 12 a 24 meses para supuestos de especial gravedad.
El proyecto de reforma del Código Penal también considera delictiva la importación de productos pirateados, tanto si en el país de procedencia tienen un origen lícito o no. Y se incorpora el criterio del valor de los objetos pirateados y de la importancia de los daños ocasionados.
Será, además, un agravante la pertenencia, incluso con carácter transitorio, a organizaciones o asociaciones delictivas. También lo será utilizar a menores para estas actividades fraudulentas. El Ministerio de Justicia destaca el hecho de que con la reforma ya no será necesaria la denuncia previa para perseguir este tipo de delitos.
Descodificadores
Una de las novedades que contempla la reforma es la regulación del fraude mediante descodificadores u otros equipos, fraude en teléfonos móviles y a redes de telecomunicaciones. Hasta ahora, el Código Penal no incluía este tipo de actividades como delitos.
Un nuevo artículo, el 286 bis, introducirá penas de seis meses a dos años de prisión y multa de 6 a 24 meses la facilitación del acceso o el suministro sin consentimiento y con fines comerciales a servicios interactivos prestados a distancia por vía electrónica. Se aplicará la misma pena a quienes alteren los números identificativos de equipos de telecomunicaciones para comercializarlos, así como para quienes alteren o dupliquen equipos.
También se penará la comunicación pública de los métodos para acceder sin consentimiento a los servicios de telecomunicaciones de pago. El nuevo Código Penal fijará penas de 6 a 24 meses para estos caso, incluso cuando no exista ánimo de lucro.
Otra de las novedades de la reforma es la introducción de un nuevo artículo para regular como delito de la fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas de ordenador para cometer estafas.
La futura reforma endurece asimismo las consecuencias económicas para los acusados de delitos contra la propiedad industrial e intelectual. En la actualidad, las penas llevan consigo la pérdida de los efectos pirateados y de los instrumentos con los que se haya realizado el fraude y las ganancias provenientes del delito.
Pero con el nuevo Código Penal se amplía el alcance de los bienes que pueden ser decomisados. 'Se podrá acordar el comiso por un valor equivalente al de otros bienes que pertenezcan a los delincuentes en caso de que no se pudieran decomisar los bienes y medios utilizados para la realización de estos delitos'.
æpermil;stas son algunas de las medidas emprendidas para atajar el problema del fraude a la propiedad industrial e intelectual que, según datos de la Unión Europea, supone la pérdida de 100.000 empleos al año en toda Europa.
Pero si el pirateo afecta a todo el continente, en España el fenómeno es especialmente alarmante. Mientras en países como Francia o en Alemania falsificaciones como las de los discos alcanzan el 5%, en España se acercan ya al 30%.